Gibraltar en el siglo XXI

Más allá de sentimientos irredentistas, algunos de los puntos de conflicto interno en la Unión Europea empiezan a resultar francamente inaguantables cuando se dan pasos tan aparentes como haber nombrado un presidente estable y una jefa de Exteriores de la UE, tras la ratificación total del Tratado de Lisboa. Por eso resulta chusca la repetición de incidentes en Gibraltar, sobre todo el del lunes pasado, cuando tres guardias civiles desembarcaron en el Peñón -y un cuarto se quedó en la patrullera con la que habían arribado- para identificar a dos sospechosos perseguidos desde el mar, y los agentes acabaron arrestados por "entrada ilegal" y "uso de embarcación no permitida". Antes de que la burbuja comenzara a hincharse con aires de invasión armada, Alfredo Pérez Rubalcaba pidió inteligentemente disculpas al primer ministro de los llanitos y Gibraltar devolvió hombres, armas y embarcación patrullera, solventándose así en horas un problema que podía haberse enconado estúpidamente.

Los pasos hacia las políticas comunes de la UE chocan con la ambigüedad entre europeos en el Estrecho

Mal está que agentes armados penetren en territorio ajeno sin permiso ni aviso previo. Pero, ¿por qué los tripulantes de lanchas sospechosas intentan escaparse precisamente por Gibraltar? (Cierto que los del lunes fueron juzgados de inmediato). Y en general, ¿por qué no hay modo de progresar hacia una verdadera cooperación judicial y policial? Ha costado una infinidad de años que Gibraltar deje de ser (al menos oficialmente) ese paraíso donde estaban refugiadas millares de empresas escapando tan ricamente al fisco de varios Estados o usadas para el blanqueo de dinero. Y ahora cabe preguntarse qué sentido tiene, en pleno siglo XXI, que los sospechosos de tráficos ilegales tengan la sensación de que pueden seguir aprovechándose de 300 años de disputas hispano-británicas, y cuánto tiempo costará que llegue a ser creíble la cooperación gibraltareña en las investigaciones por delitos financieros.

Observado con ojos pragmáticos, esos obstáculos pueden chocar con el rumbo pretendido por otros socios fuertes de la UE. Por ejemplo: en noviembre pasado, Francia propuso a los demás miembros del Consejo de Ministros de Justicia e Interior un proyecto para tratar de cortar los caminos de la droga. Sólo fue un aperitivo de la ofensiva preparada con motivo del inminente semestre español de presidencia rotatoria de la UE, durante la cual París intenta que se apruebe una "cooperación reforzada" entre los Estados más afectados. Fuentes diplomáticas francesas se dicen muy inquietas por la cantidad de droga que llega a su país desde el sur de Europa, y sin duda, a través de la Península ibérica. Según aquellas, la droga va a parar a muchos de los suburbios conflictivos de su país, y ese tráfico ayuda a consolidar las mafias que controlan "zonas sin ley", aprovechándose de los barrios donde vive la población más empobrecida, con frecuencia de origen inmigrante.

Nicolas Sarkozy se ha fijado el objetivo de europeizar el problema de los tráficos ilegales. En teoría se trata de parar los flujos de droga desde el norte de África y sobre todo los de cocaína de origen latinoamericano, que usan puntos del África occidental como base para aprovisionar el continente rico y multiplican los movimientos ilegales de dinero.

Aprobar, organizar y aplicar todo eso no será tan fácil como lo fue el acuerdo de endurecer el trato a la inmigración irregular. En todo caso, los políticos españoles, tanto los que actúan desde el poder como los que lo harán más tarde, necesitan dar prioridad a las relaciones de este país con el norte de África. Eso exige ayudar a despejar los principales conflictos enquistados, en vez de excitar las sensibilidades nacionales a flor de piel, que en el caso del Peñón sacuden periódicamente a la sociedad. Y en el muy sensible estrecho de Gibraltar, ya son suficientemente complicadas las relaciones con Marruecos y otros países africanos como para que, entre europeos, se mantenga también una zona de ambigüedad tan evidente.