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PP y PSdeG frenan la iniciativa popular contra el plus de altos cargos

El Bloque aboga por "rectificar" entre las increpaciones de los demás grupos

El pleno del Parlamento contempló ayer dos imágenes inéditas. La primera, la comparecencia desde la tribuna de oradores del secretario general de la CIG, Xesús Seixo, para presentar la iniciativa legislativa popular promovida por el sindicato nacionalista contra el denominado plus de altos cargos. La segunda, la alianza entre el PP y el PSdeG para tumbar el proyecto, entre acusaciones de "demagogia" al Bloque por sumarse a la petición después de votar a favor en 2007 de la ley que consagró el polémico sobresueldo.

En una primera intervención, Seixo apeló a la "enorme contestación social" que provocó el plus, que se introdujo mediante una enmienda del PP, aprobada por unanimidad, a la Lei da Función Pública. Ante ello, el líder de la CIG abogó por "corregir una deriva errónea, injusta, discriminatoria y, aparentemente, poco meditada", consistente en la consolidación del complemento de destino para los funcionarios de la Xunta que han ocupado puestos de director general y asimilados por designación política. La iniciativa, avalada por más de 19.000 firmas, parte de la consideración de que el Parlamento "legisló en su momento con escasa conciencia social" y en contra del "supuesto principio de austeridad". Así, en un contexto "de vacas flacas para todos", subsiste "una casta privilegiada de funcionarios que mantiene incólumes sus privilegios económicos".

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El BNG no tardó en desmarcarse de lo apoyado hace dos años. Como hiciera la semana pasada, con una enmienda a los Presupuestos para eliminar el plus, su diputado Alfredo Suárez Canal abogó por "corregir el error" de 2007 y "restablecer el crédito" de la clase política. "Una parte importante de la sociedad entiende que ese es un privilegio para un determinado tipo de funcionarios", alertó el ex conselleiro, que cifró en tres millones de euros el coste del complemento para la Xunta.

Sus cálculos no coincidieron con los del PP, que redujo esa cantidad "a la tercera o la cuarta parte", en opinión de su diputado Antonio Rodríguez Miranda. Tanto populares como socialistas defendieron el mantenimiento del complemento "para no empobrecer la función pública". En el caso del PP, con el argumento añadido de evitar la "discriminación" de los funcionarios de la Xunta respecto a los de otras administraciones, ya que el plus está previsto tanto en la legislación estatal como en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Según Miranda, 192 funcionarios se han acogido en Galicia al complemento, y no todos ellos autonómicos. Un 80% son del grupo A1, por lo que la repercusión económica es "muy inferior", dijo.

El socialista José Manuel Lage Tuñas tiró por elevación. Frente al debate sobre la eliminación del complemento, defendió "ir más allá" y emprender una "reforma profunda" de la función pública. Alertó el diputado que pedir salarios más bajos para una Administración es tanto como "empobrecerla", y censuró la "demagogia" empleada en el debate. Cargó directamente contra Suárez Canal, al que reprochó que su postura es "incoherente con su posición en los últimos cuatro años". El debate lo cerró el sindicalista Seixo con una réplica a las acusaciones de demagogia: "Si estuviera prohibida en esta Cámara, muchos diputados tendrían que haber renunciado ya a sus actas".

El pleno asistió a otra imagen poco habitual: el abandono de todo el grupo del BNG, excepto su representante en la Mesa, Anxo Quintana, de la sesión. Los nacionalistas protestaban así por la aplicación del trámite de urgencia a otro proyecto de ley, el de Comercio. Se trata de una "burla al Parlamento", denunció su portavoz, Carlos Aymerich. Los socialistas compartieron las críticas, aunque permanecieron en sus escaños. Desde que se inició la legislatura, cuatro leyes fueron tomadas en consideración por este procedimiento y aprobadas en lectura única.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de diciembre de 2009