Justicia a la medida

No creo que tengamos que ponernos de acuerdo en la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Es la base y razón del Estado de Derecho y una de las características definitorias del normal funcionamiento democrático. Si preguntamos a cualquier ciudadano si se debe o no cumplir la ley seguro que contesta que sí; que la ley está para cumplirla y que todos los ciudadanos tenemos derecho a un juicio justo. Si preguntamos también qué otras características definen el Estado democrático, se decantará por la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La razón de esta división es garantizar la independencia de unos poderes frente a otros. Una de las formas de garantía es impedir legalmente que cualquiera de ellos invada o pueda invadir el espacio de otro de los poderes. De ahí que cuando representantes del poder legislativo, sean congresistas o senadores, son denunciados ante la Justicia por hechos que pudieran ser constitutivos de delito, la ley impone al juez o tribunal que se abstenga de dirigir la acción contra esta persona hasta que haya encontrado méritos para hacerlo. Además, está obligada a solicitar autorización en forma de suplicatorio a las Cortes, indicando los cargos con carácter reservado, debiendo abstenerse hasta que la autorización esté concedida (artículos 750 a 755 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

No se trata de un privilegio de senadores y diputados. Se trata de una garantía del Estado de Derecho que impide que uno de los poderes invada el espacio de otro por la mera denuncia o actuación interesada de personas o de grupos. Unos apuntes que traigo a colación con motivo del caso del que conoce el Juzgado de Instrucción número 13 de los de Sevilla a causa de la denuncia presentada por el PP por el uso de un local de Correos por el PSOE de Burguillos (Sevilla) contra José Antonio Viera, secretario provincial del Partido Socialista sevillano y otros.

No voy a caer en la tentación de decir que el juzgado se ha cubierto de gloria citando como imputado nada menos que de los delitos de malversación, cohecho y trafico de influencias al secretario provincial del PSOE sin haber tenido en cuenta su condición de senador, que le obligaba a abstenerse y a solicitar el correspondiente suplicatorio. Y ello porque más allá del llamativo desconocimiento de la condición de aforado de Viera -llamativo en cuanto que refleja la nula actividad investigadora antes de proceder a la imputación, por lo demás, irregular- resulta preocupante la argumentación de la segunda resolución, "acordando la suspensión del suplicatorio hasta que aparezcan indicios de la participación del mismo en los hechos denunciados".

Preocupante porque a poco que se sepa leer quiere decir que si el llamado a la causa no fuera senador habría prestado declaración como imputado por diversos delitos sin que existieran ni siquiera indicios de su participación. Un error judicial, por llamarlo así, que no puede presumirse de los autores de la denuncia pues no cabe pensar que el PP de Sevilla desconozca la condición de senador del secretario provincial del PSOE en Sevilla. Antes al contrario, su falta de alegación en la querella refleja que su intención era ocupar un espacio mediático para atacar públicamente a uno de sus adversarios.

No tengo otra lectura. Menos aún cuando el presidente provincial del PP sevillano, José Luis Sanz -el inventor del teleférico electoral Tomares-Sevilla-, dice que no hay que esconderse en el supuesto privilegio de ser aforado y larga un decálogo de preguntas a Viera para que las conozcan los ciudadanos, actuando como si fuera el juez instructor de la causa y no el denunciante.

De nuevo, algunos dirigentes del PP siguen con su estrategia de instrumentalizar a los tribunales y a la justicia. Buscan, por estas vías de hecho y con el apoyo de su clac mediática, un populismo berlusconiano que absuelva -casos Fabra y tantos otros, aforados a porrillo incluidos- o condene en función de sus intereses y al margen de las leyes y de la justicia. En suma, buscan el poder para ejercer una división de poderes a su medida, como los trajes de Camps.