El rendimiento de la irrelevancia

Al portavoz popular en las Cortes Valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, le parece que "no hay derecho". El modelo de financiación autonómica vigente, que se implantó en la época de José María Aznar, está "desfasado" y es insuficiente para los valencianos, sobre todo porque no tiene bastante en cuenta el aumento de población. De paso, Blasco reta a la socialista Leire Pajín "a ver qué vota en el Senado". Y allí, los populares lanzan un veto a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), junto a los nacionalistas catalanes y gallegos, que el Gobienro salva precisamente por un voto, mientras la consejera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, reclama que Rodríguez Zapatero envíe ya a la Generalitat la financiación adicional que sólo será posible cuando entre en vigor precisamente esa nueva norma. Exijo aquí lo que intento tumbar allí como si no hubiera contradicción alguna en tal movimiento. Critico a Leire Pajín por hacer que salga adelante una ley cuyo cumplimiento estoy reclamando al Gobierno. O, dicho de otra manera: Ni contigo ni sin tí tienen mis males remedio.

Todo el mundo está de acuerdo en que la nueva financiación autonómica es injusta con los valencianos. Hasta Jorge Alarte y el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, han reconocido que no se puede renunciar a alcanzar, al menos, la media de financiación per cápita del conjunto de comunidades autónomas. El secretario general del PSPV-PSOE ofreció incluso un acuerdo a Camps en ese sentido para trabajar juntos, que el presidente de la Generalitat pasó a beneficio de inventario. Es verdad que, después, Alarte y Luna han intentado esquivar el tema tanto como han podido, mientras la Generalitat, -cuyo Gobierno, como vino a explicar el vicepresidente económico, baja los impuestos y los seguirá bajando porque su política es bajar los impuestos y no subirlos, como los socialistas-, empieza a ofrecer síntomas de colapso en la tesorería. El mayor endeudamiento autonómico de España en relación al producto interior bruto, aliado con la crisis, empieza a pasar factura. No llega el dinero para pagar a las universidades (a las que prometió el Consell, por cierto, el año pasado, 190 millones a cuenta de la financiación derivada de la reforma de la LOFCA que el PP ha intentado devolver a los toriles), ni para pagar a los abogados de oficio, ni a los proveedores...

El populismo de corto vuelo tiene esos problemas. Busca el rendimiento inmediato y el estruendo. Desprecia las estrategias de amplio alcance, aquellas que exigen seriedad, concertación de esfuerzos, algo de lealtad institucional, tenacidad negociadora y, a veces, plantarse y reclamar con sólidos apoyos políticos y ciudadanos. La irrelevancia del Gobierno de Camps para la política de largo aliento se convierte en una irrelevancia colectiva más patética cuando los réditos ya fueron gastados y la tripulación está ocupada en tapar vías de agua.