"Habrá sanciones de Bruselas por la Ley del Comercio"

Javier Millán-Astray, madrileño de 51 años y director general de la Asociación Nacional de las Grandes Empresas de Distribución (Anged), considera que la nueva Ley del Comercio ha perdido una oportunidad histórica de eliminar trabas para la apertura de nuevos centros, y que los Gobiernos autonómicos están optando al desarrollar la ley por ser restrictivos y, de una u otra forma, por mantener la segunda licencia, que va en contra del espíritu de la directiva europea de servicios, que entrará en vigor en enero. Mientras, la distribución capea la crisis del consumo con una política agresiva de precios.

Pregunta. ¿Cuándo saldrá el sector de la crisis?

Respuesta. Soy optimista y me baso en que hay indicios significativos de que las cosas están comenzando a mejorar. Desde febrero pasado la tendencia en las ventas del comercio cambió y creo que cerrarán el año con datos positivos.

"Nos cuesta creer que las autonomías legislen contra la norma europea"

"El Gobierno podría haber hecho más en la liberalización comercial"

P. ¿Será la próxima Navidad el punto de inflexión en las ventas del comercio?

R. Yo creo que va a ser una buena Navidad en ventas, después de un largo periodo de austeridad, y veo indicios de que el consumo se dará una alegría.

P. El sector se ha visto obligado a activar la demanda por la vía de rebajar los precios.

R. Es la ley del mercado. Cuando no se vende, las empresas activan sus campañas de rebaja de precios como solución. Es lógico. El sector del comercio ha hecho un gran esfuerzo por reducir costes para poder trasladarlo al precio final del producto.

P. Pero entonces los márgenes se habrán estrechado.

R. Ahí no entro. Cada empresa tendrá sus límites y su estrategia comercial. Creo que el esfuerzo de las empresas debería ir acompañado de mensajes y, sobre todo, de decisiones del Gobierno que generen confianza y no retraigan el consumo.

P. ¿Cómo asumen ustedes las críticas que les hacen los productores y agricultores, en el sentido de que encarecen los productos como intermediarios de la cadena?

R. Hay que aclarar que dos terceras partes de la producción agraria se destina al comercio exterior. Del tercio restante, el 60% lo compran al productor los mercas, los mercados mayoristas. Nosotros compramos a las cooperativas que nos dan el producto transformado y actuamos en la parte final del proceso con escaso peso. El margen neto de la gran distribución está entre el 2% y el 3%.

P. Su gran preocupación es la nueva Ley del Comercio, que está en el Senado.

R. Estamos inmersos en la adaptación a la directiva europea de servicios en su vertiente del comercio y, después de tener dos años para ello, se están haciendo las cosas deprisa. La Ley del Comercio es una norma básica restrictiva y ahora los diferentes Gobiernos autonómicos están desarrollando normas en sus territorios que intentan restringir la libertad de apertura comercial que propugna la directiva.

P. Pero las comunidades autónomas no pueden exigir la denominada segunda licencia.

R. Eso es lo que dice la directiva, pero algunas comunidades, como Baleares, van en contra de esta norma europea, como ha recogido un informe del propio Ministerio de Economía. Los Gobiernos autonómicos tienen hasta final de año para adaptarse, pero, aparte de las exigencias de los ayuntamientos, quieren añadir las suyas con criterios que tienen bastante de discrecionalidad.

P. Pero ir contra la directiva de servicios puede tener consecuencias.

R. Creemos que varios Ejecutivos autonómicos tendrán problemas con Bruselas y serán sancionados. Nos cuesta creer que estén legislando en contra de la libertad de establecimiento y que sigan manteniendo, a excepción de Madrid, trabas a la apertura de nuevos centros con criterios económicos, criterios que son los que ha eliminado la directiva de servicios.

P. ¿Qué solución ven ustedes a este proceso normativo?

R. Todavía hay plazo hasta final de año para que se reconduzca la situación. Esperábamos que el Ministerio de Industria dirigiera este proceso normativo, pero se ha puesto de perfil y con esa actitud ha hecho que las carencias en la liberalización comercial se mantengan.

P. ¿Están realmente paralizados proyectos de inversión por no poder abrir nuevos establecimientos?

R. El sector maneja la cifra de que las barreras a las nuevas aperturas de grandes centros tienen bloqueados unos 3.000 millones de euros, que serían unos 6.000 puestos de trabajo y que pueden terminar en otros mercados si aquí no se les da cabida.

P. ¿Ustedes están atados de pies y manos en este aspecto si se legisla en contra de la directiva o harán algo?

R. La propia directiva crea mecanismos de control y esperamos que surtan efecto las posibles sanciones. Para la Unión Europea esta directiva es estratégica, ya que el 70% de la economía de la UE es del sector servicios y nos cuesta creer que en España se sigan poniendo barreras a las nuevas aperturas comerciales.

P. ¿A qué se puede deber que se legisle esquivando la norma europea?

R. Creo que en muchos casos la rentabilidad electoral es la que prima por delante de lo que entendemos que beneficia de forma general al consumidor, porque generaría más oferta, más competencia y mejor precio. El Gobierno central podría haber hecho más en la liberalización comercial, pero no lo ha hecho.

P. Hablando del Gobierno, ¿cómo valoran la ruptura del diálogo social?

R. Nosotros, como parte de la patronal CEOE, siempre hemos apostado por el diálogo social, y ahora es necesario porque el impacto de la crisis en el empleo ha sido brutal. La economía española tiene especificidades que la hacen crecer mucho cuando todo va bien y caer mucho cuando hay crisis. Hay que estudiar detenidamente este complejo caso a la hora de dialogar.

P. ¿Ve algo de luz en el año que pronto comenzará?

R. La economía española tiene un gran potencial de crecimiento y, cuando se salven las incertidumbres y, sobre todo, los problemas de financiación de las empresas que siguen existiendo, creo que podremos salir del bache antes de lo que muchos creen.