La UE pide su opinión

El Tratado de Lisboa, que entrará en funcionamiento el 1 de enero próximo, abre la posibilidad de que un millón de ciudadanos pueda dirigirse a la Comisión Europea para pedirle que elabore una propuesta sobre un tema de su competencia. Se supone que esa iniciativa ciudadana ayudará a que los europeos tengan la ocasión de hacer oír su voz en temas que les afectan directamente. Por supuesto, no se trata de que ese millón de personas pueda exigir un referéndum dentro de la UE, lo que sería una locura, sino, simplemente, de alimentar el debate público y ampliar los derechos ciudadanos.

No todo el mundo está de acuerdo con la idea: para algunos es una pérdida de tiempo y de dinero, porque la comisión hará finalmente lo que le parezca bien; para otros, será la ocasión para que todos los grupos de presión de Europa vuelvan loca a la comisión, intentando ver protegidos sus intereses particulares. Para otros muchos, sin embargo, es un paso interesante en la búsqueda de la participación directa de los ciudadanos y de la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos, obligados a dar explicaciones, por escrito y razonadas, de sus decisiones. Al fin y al cabo, los poderosos siempre han encontrado el camino para hacer oír sus propuestas y exigir respuestas, y son los simples ciudadanos los que nunca han encontrado la ventanilla abierta.

La participación ciudadana podría contribuir a acercar las instituciones a la sociedad civil

La cuestión es que la iniciativa ciudadana está ya incorporada al tratado, pero nadie sabe realmente cómo se puede poner en marcha, porque el texto legal está, en ese tema como en otros muchos, lleno de agujeros y trampas. Habla, por ejemplo, de un millón de ciudadanos, como mínimo, procedentes de "un número significativo" de Estados miembros. ¿Cuánto es eso? ¿La cuarta parte de los países de la Unión?, ¿la mitad?

Para aclarar todas esas dudas, la comisión ha decidido pedir su opinión a los propios ciudadanos. Así que si usted está interesado puede dirigirse, antes del 31 de enero de 2010, a ECI-Consultation@ec.europa.eu con su respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas:

1. ¿Cree usted que un tercio del total de países miembros sería suficiente? 2. ¿Cuántas firmas se deben reunir, como mínimo, en cada uno de esos países? Un millón de personas es el 0,2% del total de los 500 millones de habitantes de la Unión en su conjunto, así que la comisión propone un 0,2% de los ciudadanos de cada país. Eso representaría, aproximadamente, 160.000 firmas en Alemania, unas 88.000 para España y cerca de 20.000 para Bélgica. 3. ¿Cuál es la edad mínima para firmar? La comisión propone la misma que cada país haya dispuesto para poder votar (18 años en prácticamente todos los países de la Unión), pero otros quieren aprovechar para bajar el tope hasta los 16 años. La pega es que eso exigiría preparar nuevos censos. 4. ¿Se puede firmar por vía electrónica? ¿Qué medidas de seguridad son exigibles? 5. ¿Durante cuánto tiempo se pueden recoger firmas? ¿Un año desde que se deposita el texto de la iniciativa?, ¿seis meses? 6. Los promotores de una de estas iniciativas, ¿deben dar información sobre cómo se financian? 7. ¿Cuánto puede tardar la comisión en responder? ¿Seis meses? 8. ¿Cada cuánto se puede impulsar una iniciativa sobre un mismo tema? ¿Un año, dos años, seis meses?

Incluso los más críticos admiten que la posibilidad de que un millón de ciudadanos europeos se dirija a la comisión para pedirle que examine una propuesta y que le dé una respuesta en un plazo determinado (un derecho que sólo estaba reservado hasta ahora a los jefes de Estado y de Gobierno, y al Parlamento) puede contribuir a colocar el debate europeo en el centro del debate público y a acercar las instituciones a la sociedad civil. De hecho, no estaría mal comenzar por responder a las preguntas planteadas. ¿Se animarían a hacerlo grupos de estudiantes de últimos cursos de instituto? ¿De la universidad? ¿Asociaciones ciudadanas? Ánimo. No siempre le piden a uno su opinión.