Sevilla descarta sancionar a las prostitutas y multará a los clientes

"¿Qué hay de sexual si el placer no es mutuo?" Esta pregunta es uno de los lemas que ilustran un vídeo que ayer se exhibió en el Ayuntamiento de Sevilla. La proyección, una dura radiografía de la prostitución con datos nacionales y locales, sirvió para abrir el acto en el que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, presentó un plan de acción integral para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. El documento incluye la elaboración de una ordenanza de la que el gobierno local (PSOE e IU) avanzó ayer algunos detalles: entre ellos, que multará a los clientes de prostitución en espacios públicos, pero no a las prostitutas.

Ésta es la principal novedad de la norma de Sevilla frente a otras que ya funcionan en municipios como Barcelona, Lleida y Granada, que sancionan tanto la solicitud como el ofrecimiento de servicios sexuales retribuidos. "Nosotros en ningún caso pretendemos criminalizar a las prostituidas", afirmó el alcalde, quien se refirió a las personas obligadas a prostituirse como "las esclavas del siglo XXI". "No es el oficio más antiguo del mundo. Es la forma de esclavitud más antigua", dijo.

Los locales que se lucren del trabajo de las prostitutas perderán la licencia

Las mujeres explotadas tendrán prioridad para acceder a una VPO

El documento que ayer aprobó la junta de gobierno local parte de la perspectiva de que la prostitución de mujeres y niñas es "una manifestación de la estructura social existente que mantiene a la mujer subordinada respecto al hombre y provoca que las más vulnerables estén en situación de explotación sexual". Por eso ha decidido no sancionar a las meretrices, a las que considera "víctimas". Para ellas se ha preparado un amplio programa de recursos y ayudas destinadas a facilitarles otra forma de ganarse la vida "con seguridad, libertad y dignidad".

La ordenanza tampoco sancionará a las mujeres transexuales que ejerzan la prostitución por considerarlas "víctimas de la discriminación social", ni a los hombres y niños en la misma situación por entender que actúan "movidos por la vulnerabilidad". En el lado opuesto, los clientes son, según el Ayuntamiento, "explotadores" cuya conducta "no tiene justificación alguna". La ordenanza, que todavía está en redacción y difícilmente entrará en funcionamiento hasta mediados de 2010, contemplará sanciones de entre 750 y 3.000 euros para los consumidores de prostitución en espacios públicos.

Pero el plan para proteger y ayudar a las prostitutas y perseguir a los clientes y los proxenetas se considera vigente desde ayer. El documento recoge medidas para los próximos cinco años y, según avanzó la concejal de Hacienda, Nieves Hernández, en los presupuestos de 2010 tendrá reservada una partida de 500.000 euros. Con este dinero se prevé elaborar la ordenanza y poner en marcha la mayoría de las 56 acciones que recoge el documento.

Monteseirín hizo hincapié en que todas las medidas municipales estarán regidas por un "enfoque abolicionista" de la prostitución en Sevilla, por lo que uno de sus pilares fundamentales serán las acciones de reinserción y apoyo a las prostitutas, a las que se facilitará asistencia social, sanitaria, jurídica y psicológica. Estos recursos se pondrán también a disposición de las prostitutas que estén en situación irregular en España.

El documento recoge la posibilidad de establecer algún tipo de ayuda económica a las víctimas de trata "que colaboren judicial o policialmente o a las que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad". Además, el Ayuntamiento incluirá a estas mujeres entre los colectivos prioritarios de acceso a viviendas de protección oficial.

Cobrar a cambio de servicios sexuales no es ilegal en España, pero sí lo es el lucro ajeno, y ahí es donde el Ayuntamiento quiere apretar las tuercas para detectar la actuación de proxenetas o la existencia de clubes de alterne en los que se explote sexualmente a mujeres. El plan prevé incluso retirar la licencia de apertura a los locales en los que se acredite que terceras personas se están enriqueciendo con la prostitución.