La ley del Olivar cambia de forma drástica el reparto de las ayudas

La futura ley del Olivar va a cambiar muchas cosas en el sector agrario de mayor generación de empleo en la comunidad (el 32% de la mano de obra) y que es la principal actividad económica en más de 300 pueblos. La principal de todas será que se pondrá fin al actual reparto homogéneo de las ayudas, para lo que se tendrá en cuenta la caracterización de las distintas tipologías de las explotaciones.

La preeminencia en las ayudas del agricultor profesional (una medida que busca apartar del sector a los especuladores) y el apoyo al olivar tradicional y, en especial, al situado en zonas de montaña y con desventajas naturales son otras de las novedades del borrador del anteproyecto de esta ley. La Consejería de Agricultura presenta la nueva norma mañana en Jaén al sector oleícola y, tras un plazo para recibir enmiendas, la aprobará el Consejo de Gobierno en la segunda quincena de enero. El Ejecutivo andaluz espera que la ley esté aprobada en el Parlamento el próximo otoño.

El Plan Director del Olivar será el eje principal sobre el que pivotarán las actuaciones de la ley. Así, según el texto al que ha tenido acceso este periódico, habrá una delimitación de los territorios del olivar, una especie de mapa donde se recojan las distintas tipologías de las explotaciones olivareras. Esa delimitación permitirá actuar según las necesidades de cada zona. En este sentido, se crearán los contratos territoriales de explotación, que firmará la Administración y los agricultores y cuya función será la de incentivar económicamente la integración de actividades productivas, ambientales o sociales en base a las características de cada "territorio-olivar".

En cuanto a las medidas de fomento previstas, la ley garantiza el mantenimiento de la renta de los olivicultores, pero no de una forma homogénea o unitaria como hasta ahora (las ayudas del pago único se conceden en función de los derechos históricos de un periodo determinado, sin tener en cuenta los distintos tipos de olivar). De esta forma, la ley primará las ayudas al olivar tradicional o de montaña, y tras constatar que más de un tercio del olivar andaluz (el ubicado en zonas desfavorecidas) se abandonaría si no tuviera ayudas. También se contempla la preeminencia de las ayudas para el agricultor profesional, una de las demandas en las que más insisten las organizaciones agrarias para evitar, como ocurre ahora, que muchas ayudas vayan a parar a personas físicas o empresas ajenas a la actividad agraria. En otras palabras, la ley pretende evitar la especulación.

Otras aportaciones de la ley serán las medidas de reestructuración del olivar, en especial las que potencien la recolección mecanizada y la modernización de los regadíos con sistemas ahorradores de agua. También se fomentan la eficiencia energética, el aprovechamiento de los subproductos del cultivo y de la industria transformadora y el apoyo a los sistemas de certificación de calidad.

No menos importante es la valoración que la ley hace de las condiciones saludables y gastronómicas del aceite de olivar y de la aceituna de mesa. También se apuesta por el fomento de la integración asociativa, en especial a través de la concentración de la oferta en cooperativas.