Barcelona mostrará los informes a cambio de que no se divulguen
Los documentos sólo podrán ser consultados durante un mes
"Transparencia". Ese valor abanderó el contraataque que lanzó ayer el gobierno de Barcelona ante las acusaciones de la opisición, especialmente de Convergència i Unió y del Partido Popular, de haber malgastado durante 2008 miles de euros en centenares de informes inútiles. Transparencia fue la palabra que más repitió el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado, al anunciar que en el pleno municipal del viernes se propondrá habilitar un mes al año durante el cual todos los ediles podrán revisar cualquier asesoría. A cambio, eso sí, deberán preservar su confidencialidad. Es decir, "no podrán divulgar el contenido de los informes", aclaró Barcía-Bragado. Lo hacen desde septiembre y el escándalo mediático que han causado está en el origen de la singular iniciativa.
CiU y el PP están revisando los 1.222 informes y asesorías de 2008, que costaron en total 13,3 millones de euros. El Consistorio no estaba preparado ante tal fiscalización y por tanto ha habido "disfuncionalidades", concedió Gracía-Bragado. Por eso propuso "un sistema reglado y estable" para acceder a la documentación municipal. El amago de autocrítica no duró, sin embargo, y en seguida volvió a arremeter contra la oposición. "El problema es que se quiere tergiversar para sembrar una sombra de duda sobre la acción de gobierno", dijo.
Y para arrojar luz, García-Bragado puso a disposición de los medios de comunicación los 198 informes que ya han visto CiU y el PP, y dedicó toda la tarde a responder cualquier pregunta sobre ellos. A ese maratón, que calificó de "extraordinario", convocó, además, al gerente muncipal, Andreu Puig, y a otros 10 gerentes sectoriales.
Siguen las dudas sobre las asesorías
No hay duda de que someter casi 200 informes al escrutinio de la prensa, como hizo ayer el Consistorio barcelonés, supone un ejercicio de transparencia no muy habitual. Pero de esta transparencia no siempre sale bien parado el Ayuntamiento. Entre tantos encargos, hay multitud que son dudosos. He aquí algunos de ellos.
- Una ordenanza por 17.980 euros. Eso costó una asesoría jurídica que sentó las bases para reformar la norma local de medio ambiente. "El documento final de la asesoría será la ordenanza", explicó el gerente del ramo.
- Una marca para la política social. Ponerles colores y contornos a las oficinas sociales de la ciudad costó 29.928 euros. Los pagó el Consistorio para un libro de estilo de la marca Barcelona.social y una guía de interiorismo para estas 31 oficinas, que se van a remodelar. Entre otras cosas, se instalarán "gestores de colas" informáticos. Costaron 17.864 euros.
- El precio de la participación. Muchos de los gerentes que comparecieron ayer lo dejaron claro: someter las decisiones a procesos participativos es cada vez más importante para el Consistorio. Para ello se creó una dirección de participación. Lo dice su nombre: este organismo dirige. Pero no diseña procesos participativos concretos. Estos requieren reuniones con los vecinos a las 19.30, y a esas horas no hay funcionario municipal dispuesto a montarlas, explicó el teniente de alcalde Ramon García-Bragado. Así que hay que encargarlos a terceros. Esos encargos costaron en el área de Educación, Cultura y Bienestar, por ejemplo, casi 100.000 euros. Y una de las beneficiarias fue la Fundación Catalunya Segle XXI, especializada en democracia participativa. Fue creada por Pasqual Maragall en 1994.
- Trabajos de secretaría por 12.000 euros. Eso costó encajar las agendas de los miembros del consejo asesor de esculturas, preparar los dossiers de sus reuniones y elaborar las actas de los encuentros. No son trabajos de secretaría comunes, opinaron ayer los responsables municipales, así que se tuvo que emplear para ello a una experta en historia urbana licenciada en Francia. No es el único encargo a terceros donde es lícita la duda sobre si el Ayuntamiento debería haber hecho el trabajo usando sus capacidades. Los municipios deben evaluar, según la ley, el arraigo social de los inmigrantes que pretenden regularizar su situación. Barcelona delega esta obligación legal a una empresa externa, que cobra por ello 476.936,21 euros.
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