Los abogados preparan protestas ante el impago

No es la primera vez. Pero lejos de solucionarse, los retrasos históricos en el pago a los abogados del turno de oficio, van a más. La situación laboral crítica ha hecho que los letrados que cumplen con un servicio recogido en el artículo 24 de la Constitución alcen la voz. Se les debe dinero, globalmente una cantidad millonaria, individualmente, desde 250 euros a poco más de 3.000. Y no es sólo el dinero. Muchos de ellos, han reivindicado la dignificación por parte de las autoridades, en este caso la Generalitat, de un servicio esencial, tanto, aseguran, como unas urgencias médicas, como es la asistencia a un detenido sin recursos para un abogado particular. Y en el caso de Valencia, el Colegio de Abogados no ha estado a la altura de las reivindicaciones de sus colegiados. Meses después de que pidieran que se reclamara el pago y tras numerosas cartas dirigidas al propio decano, Francisco Real, salió públicamente a exigir que se cumpliera lo pactado. Aún así, no ha sido suficiente. La consejería ha consignado sólo el 22% de la deuda por los servicios acreditados en el segundo trimestre.

La Consejería ha contestado con un doble argumento: se hacen todos los esfuerzos económicos para salvar el retraso de impago y se van a investigar las asistencias de los letrados porque su número se ha incrementado notablemente frente a lo presupuestado. Esto último ha indignado a los abogados, que el caso de Elche, por ejemplo, la semana pasada se concentraron como protesta en un acto del presidente Francisco Camps, que en varias delegaciones ha llevado incluso a plantear un paro y que en Alicante ha dado paso a un acuerdo de reivindicaciones.

Las protestas se producen en un año y con una situación extraordinariamente difícil. Para 2008, la Consejería de Justicia presupuestó 20.569.000 euros. El gasto real fue de 22.471.573 euros. Se sabía, cara al ejercicio 2009, que especialmente dos órdenes jurisdiccionales iban a incrementar notablemente su actividad: social y mercantil. Bien, Justicia presupuestó de nuevo poco más de veinte millones de euros. El gasto real ya supera los 24 millones de euros.

Una guardia para asistir a comisaría no supone más de 150 euros. Una causa penal ordinaria son 250 euros. No es el salario de los letrados. Es, como dicen muchos, "el cumplimiento con un mandato constitucional que es esencial, prioritario, inexcusable y que debe hacerse con las máximas garantías".