El Consell exige que el Gobierno pague el 75% de su policía
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, exigió ayer al Gobierno central que financie con un 75% la futura Policía Autonómica valenciana. Aseguró que no quiere ser "ni más ni menos que nadie" y comparó su proyecto con el de Cataluña, aunque en varias ocasiones precisó que en ningún caso "se expulsará a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil". El consejero reconoció que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no le había contestado a la carta que le envió diez días atrás y en la que le pedía un encuentro para abordar la policía autonómica que se propone el Consell.
Castellano compareció ayer tras la reunión mantenida con los portavoces de los grupos parlamentarios valencianos. Aseguró que en ella, les contó el proyecto en el que trabaja su consejería y que entendía que la receptividad sería buena en tanto "ambos partidos, en varias ocasiones, han reclamado esa policía autonómica". El silencio fue la respuesta de los representantes de los otros grupos parlamentarios.
Castellano tampoco precisó cuándo, cómo, por qué y por cuánto. Los datos claros fueron: la reclamación de subvención al ministerio, la imprecisión en las competencias que asumiría la nueva policía, la indefinición de la academia que debe formarles y del proceso de incorporación de agentes, y la indeterminación del número de agentes al que aspira.
Aún así, Castellano dijo que se organizaría con una Jefatura Superior de Policía, tres comisarías provinciales, comisarías generales (con un mínimo de 100 agentes) y comisarías de proximidad con "entre 30 y 60 agentes, dependiendo del territorio". Castellano insistió en su voluntad de aprobar la ley en 2010 y de hacerlo "por consenso, con voluntad de coordinación y colaboración".
El consejero volvió a reiterar que no tiene intención de reclamar competencias en materia penitenciaria ni de tráfico, como tiene Cataluña, y que la primera promoción sería de 500 agentes, que habría un cupo para actuales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que "la proximidad al ciudadano" es el eje.
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