Segregación de sexos

El pasado sábado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se pronunciaba sobre la educación ante un auditorio de más de cien profesores en las cocheras del Puerto de Huelva. Se expresaba de forma clara y precisa. Decía que "la educación es la patria socialista. Es un bien público, no privado". Y añadía que "la mejor política económica es invertir en enseñanza". No hay duda de que es persona de palabra y que sus manifestaciones se acompañan con la realidad.

No hace mucho destacaba en este mismo espacio que, pese a la situación de crisis que soportamos, el presupuesto de la Junta era acorde con esta política social. Bajaban los presupuestos de todas las consejerías menos las de Educación, Sanidad e Innovación. Precisamente aquellas en las que descansa la igualdad social. Son frases que no sólo no han caído en saco roto, sino que se refrendan con actos de gobierno. Estos principios de igualdad son los mismos que justifican que los centros de educación que defienden la segregación sexual no se nutran de fondos públicos.

Muy elegantemente, Griñán se ha referido a los recursos que han planteado contra la Consejería de Educación algunos colegios concertados. "Muchas veces bajo la cobertura de impugnar la educación se impugnan otras cosas". Y estas cosas, aunque no las haya dicho, están en la mente de todos: que los recursos contra la Junta realmente vienen a impugnar la propia igualdad de género.

Se conoce que en uno de estos últimos recursos planteados por los colegios concertados ha quedado en suspenso la aplicación de la orden por la que Educación establecía que los centros sostenidos con fondos públicos fueran mixtos. Una decisión de la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado la suspensión cautelar de esta orden hasta que se dicte sentencia. Considera que, de no acordarse esta medida, los pequeños y pequeñas pueden sufrir un perjuicio irreparable. Pero en fin, con independencia de las razones de esta sala -tan conocida por seguir en su interpretación de las leyes los postulados de la Conferencia Episcopal, y sobre lo que ya se habló con motivo de su sentencia sobre Educación para la Ciudadanía-, lo cierto es que, tal como dice el presidente de la Junta, lo que está en juego es un modelo educacional. Un modelo en el que de verdad las personas no sean segregadas en ninguna fase de la educación por su condición de niños o niñas. Que dejen atrás esos modelos anacrónicos en los que cada uno y cada una servían para un trabajo distinto y una posición social diferente.

Estas educaciones diferenciadas y segregadas son un modelo residual y condenado a extinguirse. Nadie cree a estas alturas que las niñas o los niños valgan para una u otras cosas. La inteligencia y el esfuerzo son patrimonio de ambos sexos. La segregación, se diga una cosa o se diga otra, no tiene como fin instruirlos mejor, sino mantener una separación por razón de sexos y establecer una desigualdad educativa por esta sola razón. Sin duda, aunque puedan surgir muchas, dejar en suspenso unas órdenes dirigidas a buscar la plena igualdad educativa o una educación sin matices de sexo puede ser una interpretación correcta desde el punto de vista legal. Pero también es preciso decir que las normas se interpretan según el contexto social en el que han de ser aplicadas. Si el contexto social es la igualdad sin matices, el perjuicio que ocasiona esta suspensión no es otro sino que el dinero público se está utilizando para potenciar la segregación sexual en las aulas.

Hay que decir, y no olvidar, que durante muchos años las mujeres no habían alcanzado el mismo nivel de estudios, capacitación y posición profesionales que los hombres. La educación segregada es parte responsable de esto. Aún queda mucho por recorrer, pero la sociedad camina hacia la igualdad de oportunidades. Los centros educativos que apuestan por la segregación son un lastre para la igualdad. La Administración no tiene potestad absoluta para terminar con este lastre, pero sí la debería tener o, al menos, para no potenciarla.