A quién interesa la corrupción
El despilfarro de los partidos políticos y el déficit financiero de los ayuntamientos están en el origen de algunos de los casos de corrupción más conocidos recientemente. Mucho antes, el caso Filesa, directamente relacionado con la financiación irregular del PSOE, ya había destapado una práctica habitual en los partidos políticos. El funcionamiento de éstos y sus desmesurados gastos en las campañas electorales precisaban de "ayudas externas" para sobrevivir. Este tipo de ayudas casi siempre venían de empresas que resultaban ser adjudicatarias de contratas de la Administración. Pero lo que, inicialmente, fue una ayuda para financiar el funcionamiento de los partidos, con el tiempo se ha convertido en auténticas redes de corrupción que han ido controlando empresas, municipios e, incluso, áreas completas de la Administración autonómica. Qué es, si no, la trama Gürtel más que un grupo organizado de corruptores que contaminaban por igual políticos, empresarios e instituciones.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha documentado el modus operandi de esa trama a través de un informe de un centenar de páginas más varios anexos. Sobre la base de esa documentación, los socialistas valencianos han presentado una querella en la que señalan por igual a políticos y a empresarios. La presencia de éstos últimos en la denuncia del PSPV ha provocado extrañas reacciones en sectores sociales que, con la excusa de advertir a los socialistas de los males que les puede acarrear si persisten en su actitud, maldisimulan su voluntad de no afrontar el trasversal sistema de corrupción que afecta a ayuntamientos y comunidades autónomas en toda España, independientemente de su signo político, y a todos los partidos.
El paternalismo de estos consejeros del PSPV es inquietante. Sus reflexiones son equívocas porque, más que preocuparse por lo que les pueda ocurrir a los socialistas valencianos, parecen más interesados en la defensa del statu quo del sistema corrupto. La querella presentada por el partido de Jorge Alarte, con independencia de su recorrido en los tribunales, tiene la virtud de haber reventado uno de los granos de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Y esa denuncia, lo saben hasta sus críticos más acendrados, no tendría ninguna razón de ser si los presuntos corruptores no figuraran junto a los corruptos. Pero hay quien prefiere fijarse en la periferia de las cosas para no colocar el foco donde más interesa. Y se dicen progresistas.
Bancaja, la CAM y una SIP. El pasado domingo el periódico Información contaba el posible interés entre la CAM y Caja Madrid por formar un Sistema Institucional de Protección (SIP). Una figura que, en tiempos de crisis, permite a las cajas de ahorro llevar a cabo alianzas estratégicas para enlazar actividades comunes sin llegar a la fusión. De hecho, se trata de una fusión virtual. La semana que termina, con el director general de la CAM, Roberto López, de visita en el Banco de España, ha sido pródiga en rumores. Estos contactos, que pueden entrar dentro de la normalidad, o no, vendrían a demostrar que la caja de Alicante recorre un camino diferente del marcado por el presidente Camps. Por cierto, Esperanza Aguirre, pensando en las SIP, ha cambiado la Ley de Cajas para tener el control sobre las alianzas de Caja Madrid. Gerardo Camps, el consejero fijo discontinuo, habrá pensado en ello o andará en otras cosas.
