Los sindicatos se unen a la Junta para salvar Astilleros
Los propietarios rechazan la hoja de ruta propuesta por Innovación
La enésima batalla de Astilleros tiene contrincantes distintos. Si hasta ahora, las atarazanas andaluzas, en este caso de Sevilla y Huelva, tenían de un lado de la trinchera a los trabajadores y del otro a la administración, en esta ocasión empleados y Junta de Andalucía blindaron ayer su futuro ante una empresa privada que en menos de tres años ha llevado a la ruina al Astillero de Sevilla -el más importante del sector privado del país- y al de Huelva.
Con deudas reconocidas que superan los 300 millones de euros, los Astilleros de Sevilla (90 millones de deudas) y de Huelva (214 millones de deuda reconocida), propiedad del onubense Rafael Gómez Naranjo, están abocados al cierre o a la liquidación inmediata. La repercusión social de este cerrojazo, con más de 1.000 familias dependiendo de ambas factorías, ha llevado a la Junta a lanzar un ultimátum que concluía ayer para intentar reflotar una actividad con más de medio siglo de existencia.
La plantilla anuncia movilizaciones si la empresa no firma el plan de la Junta
El plan de la Junta ha surgido de las últimas experiencias de quiebras industriales, llámese Santana Motors o Delphi. Desde hace tres meses, la Junta viene concretando un plan industrial que permita mantener el astillero sevillano, el más importante a nivel privado del país, y el que posee una mejor ingeniería naval, y redimensionar y reconvertir el de Huelva, gestionado de forma catastrófica.
La Junta tiene una hoja de ruta marcada con el único objetivo de mantener el empleo, que supondrá un nuevo plan industrial para Sevilla, con la entrada de al menos dos socios inversores -que adquirirían la gestión y entrarían a formar parte de la empresa tras una ampliación de capital-, y la conversión en cuatro sociedades del Astillero onubense -una del sector energético, otra de estructuras marinas, una tercera logística, y una cuarta de mantenimiento, reparación y construcción naval a pequeña escala- , con un cese de actividad de la matriz y un plan de prejubilaciones financiado desde la UE.
Si la empresa no acepta la oferta de la Junta, en la que se incluye una valoración real de los activos, y la participación societaria de los antiguos propietarios si las auditorías son positivas, la administración se plantea la vía judicial para tratar de rescatar la empresa antes de que caiga en un proceso de liquidación concursal.
A última hora de ayer la Junta recibió una comunicación de la empresa onubense en la que a lo largo de cuatro folios expone su rechazo a la hoja de ruta propuesta por la Junta y realiza una serie de consideraciones al plan, que hoy será analizado por la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación .
En el caso de Sevilla, sus propietarios no han cumplido siquiera sus obligaciones de pago con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que la enajenó hace tres años por 1,5 millones de euros. Además, las deudas reconocidas superan los 300 millones, y la parálisis de la actividad en las últimas semanas puede desembocar en la devolución de los barcos en construcción y la ruina total de ambas factorías.
Una venta envenenada
El Consejo de Ministros del día 3 de noviembre de 2006 autorizó a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) la venta de los centros de Gijón, Sevilla y Sestao, propiedad de IZAR Construcciones Navales en Liquidación. La adjudicación de los activos del Astillero de Izar en Sevilla se realizó al consorcio liderado por Astilleros de Huelva con un 80% y en un 20% a la firma Contenemar, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores.
El comité de empresa del Astillero de Sevilla criticó ayer la venta realizada por Izar, que calificó de "fraudulenta". "De cuatro astilleros uno no se vendió (Manises), el otro Juliana (Gijón) se cerró al año, y nosotros y Sestao llevamos el mismo camino", afirmó ayer el presidente del comité Gregorio Mora.
Mora, que leyó un comunicado exigiendo a la empresa que firme el plan de la Junta como única alternativa, dijo la venta que se hizo a la familia Gómez, fue "en contra" de la voluntad de los trabajadores, e indicó que los actuales propietarios "sólo intentan enfrentar a las plantillas de Sevilla y Huelva", y tratan de sacar partido de la Junta. "Los trabajadores estamos dando un ultimátum a los propietarios, que son los que han tirado todo por la borda", agregó Vicente Sanchís, miembro del comité.
