La justicia europea ratifica de forma unánime la ilegalización de Batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ratificó ayer la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna por la justicia española en 2003, cerrando así definitivamente la puerta al regreso de la izquierda abertzale a las instituciones mientras siga vinculada a la organización terrorista ETA. El colegio de cinco jueces de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo rechazó por unanimidad el recurso de Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que ya había avalado la ilegalización acordada por los tribunales Supremo y Constitucional de España.

La decisión del tribunal europeo fue celebrada por el Ministerio del Interior, que reiteró que el proceso de ilegalización de Batasuna se realizó estrictamente en el marco de un Estado de derecho avanzado y respetando escrupulosamente los derechos y las libertades fundamentales.

Los partidos disueltos son "instrumentos" de la banda terrorista, según Estrasburgo

Por el contrario, el PNV, Aralar, EA y EB ratificaron su rechazo a la Ley de Partidos Políticos, que dio cobertura jurídica a la ilegalización de Batasuna. Estos cuatro grupos enmendaron ayer una proposición del PP que pide el respaldo del Parlamento vasco a la sentencia de Estrasburgo. Los nacionalistas y EB rechazaron por un lado la ilegítima violencia de ETA y por otro se mostraron contrarios a la Ley de Partidos porque "limita y anula derechos fundamentales como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política" y afecta, además, "directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo".

Pese a la pataleta de los nacionalistas, la que cuenta es la sentencia ya firme del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avaló la ley de partidos y aseguró que las formaciones ilegalizadas, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, incurrieron en comportamientos que concluyeron "en un compromiso con el terror" y contra la coexistencia en un Estado democrático.

La sentencia firme de Estrasburgo estableció que la ilegalización de Batasuna correspondía a una "necesidad social imperiosa" y "proporcional al fin buscado". Es decir, su disolución como partido político puede ser considerada como una necesidad en una sociedad democrática, sobre todo, para el mantenimiento de la seguridad pública.

A pesar de las críticas nacionalistas a la Ley de Partidos, ésta, según Estrasburgo, no está destinada "a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional, sino a cuestionar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia".

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que los partidos disueltos "eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA". Su objetivo era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".