Las Cortes dejan de hablar de corrupción hasta febrero

Al ritmo que suceden las cosas en la política y en los tribunales, ¿quién sabe qué puede haber ocurrido cuando en febrero vuelva el debate sobre la corrupción a las Cortes una vez se someta hoy el presidente Camps a la última convocatoria de control parlamentario del actual periodo de sesiones. La presencia de Rafael Blasco, que se llevó ayer su sillón azul de consejero a su nuevo escaño de portavoz del Grupo Popular, evidenció, en el hemiciclo, los efectos que el escándalo de corrupción que salpica al PP, al Consell y al propio presidente de la Generalitat ha tenido sobre la mayoría parlamentaria. También lo hizo el desarrollo del debate, lleno de alusiones a la trama Gürtel por parte de la oposición, cuando no de preguntas directamente relacionadas con ella.

El PP aprueba la Ley de Ciudadanía Corporativa con la crítica de los demás

Si la querella presentada el lunes por los socialistas contra Camps por financiación ilegal del PP es un salto cualitativo, el pleno de ayer y, previsiblemente, la sesión de control de hoy al jefe del Consell, demuestran que la oposición está dispuesta a persistir en esa línea. No por casualidad, tanto el portavoz del PSPV, Ángel Luna, como la de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, preguntarán hoy a Camps por los efectos de los cambios que en su partido ha obligado a hacer la crisis derivada del caso Gürtel. Y tampoco por casualidad Blasco ha optado por evitar cualquier otro debate de ese estilo en la Cámara hasta el mes de febrero. Además, antes de la sesión de ayer, el nuevo hombre fuerte emplazó a los diputados del PP a cerrar filas y trabajar con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas.

Hecho el cambio de portavoz, que el defenestrado Ricardo Costa contempló visiblemente incómodo desde su nuevo escaño en lo más alto de la bancada popular, y elegido Rafael Maluenda vicepresidente primero de las Cortes, en sustitución del nuevo secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, el pleno liquidó sin problemas la nueva Ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes, pactada por todos los grupos. No ocurrió lo mismo con la de Ciudadanía Corporativa, que fue aprobada con los votos del PP en medio de duras críticas de la oposición precisamente a Blasco, como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Marina Albiol, de Esquerra Unida, la calificó de "gran hipocresía"; la socialista Clara Tirado dijo que reduce la responsabilidad social empresarial, que ha de ser "una política transversal", a una cuestión filantrópica, y Mireia Mollà, de Compromís, aseguró que "crea confusión". Las tres coincidieron en que es una ley diseñada para la "propaganda" y el "autobombo" de Rafael Blasco.

No fue la única alusión al consejero y portavoz, que no llegó a intervenir en los debates. Por la tarde, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, en respuesta al socialista Eduardo Vicente sobre la financiación local, tuvo un lapsus curioso. El diputado ironizó sobre el hecho de que había esperado tener a Blasco como interlocutor, dado que su consejería, ahora de Solidaridad y Ciudadanía, ha asumido las competencias en esa materia, y Sánchez de León le replicó: "Siento haber frustrado sus expectativas de interpelar al portavoz del Consell..., perdón, quiero decir, al portavoz de las Cortes..., perdón, quiero decir, al portavoz del Grupo Popular. Es que me ha liado usted".

El lío, en realidad, lo ha producido la corrupción, que ha obligado a Camps a hacer unas reformas que el PP y el Consell aún están digiriendo. Una corrupción que protagonizó las preguntas a las que se sometieron los consejeros. La socialista Núria Espí inquirió sobre las medidas del Consell ante el tratamiento que el caso Gürtel ha tenido en Canal 9, cuya "manipulación" ha convertido a la televisión valenciana "en objeto de burla, mofa y escarnio". Sánchez de León respondió que "el pluralismo y la libre información están garantizados en la Comunidad Valenciana por imperativo legal y sin injerencias políticas". La también socialista Maisa Lloret quiso saber cuáles fueron los motivos para rescindir el contrato de Orange Market, empresa valenciana de la trama corrupta, para el pabellón de la feria turística Fitur, y la titular de Turismo, Belén Juste se limitó a decir que el contrato, que afectaba a cinco certámenes, se rescindió una vez cumplido el de Fitur. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, preguntó por la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y los gastos de la visita del Papa, en los que la red cobró comisiones ilegales.

Y no fue la única corrupción de la que se habló. Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, con motivo de una proposición no de ley que el PP sacó adelante para exigir al Gobierno de Rodríguez Zapatero mejor financiación para la justicia, propuso medidas para agilizar el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. "Supongo que está deseando ser juzgado", apuntó con cierta sorna.

Los tribunales, la opinión pública, la política y el Parlamento van a casar con dificultad sus calendarios estos próximos meses.