El Puerto de Marín alega que es imposible demoler el relleno ilegal
La asociación demandante pide ejecutar el fallo "con todas las consecuencias"
El presidente del Puerto de Marín-Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó ayer un consejo de administración extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores. Suárez Costa se desmarcó con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental más agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociación que recurrió el relleno, que ayer anunció que irá a por la ejecución de la sentencia "con todas las consecuencias".
Los vecinos pedirán la retirada de licencias a las empresas instaladas
Suárez Costa defendió que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaración de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ningún fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de más de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogacía del Estado para determinar los próximos pasos. Suárez Costa también tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los trámites realizados en este sentido, ya que hace sólo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: Pérez Torres y Gonvarri), advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya votó en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un polígono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirtió claramente la necesidad de declaración de impacto ambiental".
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobación del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba César Mera, "y de cuya corporación Louzán no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insistió ayer Louzán, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepción del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Además, el presidente de la institución provincial puso sobre la mesa que éste es un ejemplo de cómo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, señaló, "16 años después tendrán que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qué puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habrá cosas inejecutables" para las que deberá establecerse alguna fórmula compensatoria.
La asociación que presentó la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresuró a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", señala Manuel García, portavoz de la organización.
La plataforma estudia con su equipo jurídico una petición formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste económico que tenga", y recelan del argumento del mayor daño ambiental que supondría la obra.
Pero la sentencia tiene más vertientes que la propia ejecución del relleno. Al ilegalizar la ampliación y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias allí instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento económico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel García. "Todo lo que está encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulación de las licencias".
La otra administración implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprobó el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo, eludió comentar la sentencia.
Fuentes próximas a Urbanismo de la administración autonómica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de difícil ejecución y que los daños ambientales pueden ser relevantes.
Porro sigue adelante con el Areal
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigués carece, como el de Marín-Pontevedra, de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliación de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunció que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganará 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentación por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, según el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, señala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la razón al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitación, tardará al menos año y medio en entrar en vigor, según cálculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y láminas de agua del puerto vigués sigue en la más estricta ilegalidad", sostiene la asociación A ría non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Marín y Vigo". La organización ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Massó, en Cangas.
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