El pacto que no fue, ni será

Pactar, en su conjugación política más noble, es un verbo que, en la España democrática, nació y, probablemente, murió con Adolfo Suárez. Se ha banalizado su ejemplo de sensatez y de patriotismo y, por ello, no es casual que Javier Gomá haya sentido la necesidad de escribir un magnífico trabajo sobre la ejemplaridad como principio organizador de la democracia.

Hace un lustro algunos economistas fuimos requeridos por un grupo parlamentario nacional para presentar iniciativas sobre las que bascular un pacto de legislatura con el Gobierno en materia económica. Mi contribución fue un informe titulado Productividad, empleo y bienestar social. Setenta y siete páginas justificando la necesidad de cambiar, conjuntamente, la estrategia económica de España proponiendo un pacto de Estado, en un momento de máximo crecimiento. Desconozco si economistas de otros grupos intentaron alguna iniciativa equivalente, pero, si fue así, tampoco debieron ser entendidos. La crisis es una buena excusa para agravar el autismo político de algunos. Pero como la justificación del pacto que propuse en mi informe se mantiene, me permito resumir, siquiera, alguno de sus postulados filosóficos, esta vez, sin requerimiento de parte.

La productividad ha tenido, normalmente, una evolución anticíclica en España. En fases de auge económico ha decrecido y, contrariamente, el declive la ha fortalecido. Esta aparente paradoja tiene su fundamento primario, aunque no exclusivo, en una intensiva utilización de la mano de obra como factor de producción en la fase alcista y, paralelamente, en la discreta gestión de la productividad de los factores en cualquier momento del ciclo. El corolario de todo ello se resume en que nuestro PIB, en paridad de poder adquisitivo por persona empleada, oscila alrededor de cuatro puntos inferior a la media de la UE-15, pero dieciséis respecto a la productividad por hora trabajada. España necesita, pues, una estrategia para alcanzar mayores cuotas de productividad.

El que la construcción y el turismo supongan una contribución notable a la creación o destrucción de empleo, según la fase del ciclo en la que nos encontremos, y que sus productos deban ser consumidos in situ implica, en principio, menor movilidad competitiva. Al ser bienes y servicios no comerciables, discretamente sometidos a la competencia internacional, originan mayor inflación que los bienes comerciales, que sí lo están. Esta circunstancia, junto a sus bajas tasas de productividad, sería causa de una no deseable inflación dual que perjudicaría a los costes y los márgenes de los bienes comerciables.

Necesitamos, por tanto, un cuadro de medidas legislativas, presupuestarias y administrativas de ámbito nacional que, dirigidas a incrementar nuestra productividad, sean concebidas y desarrolladas durante el resto de la legislatura, hasta 2012, lo que aconseja su compendio en la primavera próxima y su aprobación en el verano.

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados debería constituir una subcomisión de productividad, empleo y bienestar. Dado que nos encontramos en pleno filibusterismo presupuestario, durante tres meses, de mediados de enero de 2010 a mediados de abril, un comité de expertos de orígenes profesionales y geográficos diversos, presididos por una personalidad de reconocido prestigio, deberían aportar, desde su independencia, propuestas suficientes como para que los comisionados recibiesen un informe de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo y encaminadas hacia el logro de mayores cuotas de productividad. Este informe debería estar finalizado a mediados de mayo y la subcomisión lo debatiría en junio y, tras su aprobación, lo trasladaría al Gobierno para su consideración y, en su caso, ejecución.

Aportar medidas encaminadas a mejorar nuestra productividad será responsabilidad técnica del comité de expertos, legislativa por parte de las Cortes y política desde del Gobierno y oposición. La agenda es extensa, pero inexcusable; desde la innovación en sentido amplio, hasta los cambios organizativos de las empresas, pasando por la flexibilización del mercado laboral y la negociación colectiva, la eficiencia del sector público, la liberalización de sectores económicos, la formación permanente de los recursos humanos, la racionalización de la jornada de trabajo y la tasa de actividad, etc. Aún así, el mayor reto estriba en que los autistas pacten entre sí en beneficio de la sociedad.

José Emilio Cervera es economista. (jecervera@jecervera.com)