El Supremo tumba el mayor plan industrial de la bahía de Cádiz

Las máquinas seguían ayer trabajando. Sus operarios eran ajenos por completo a una decisión del Tribunal Supremo judicial que da un vuelco al futuro del principal proyecto industrial previsto en la bahía de Cádiz, el parque industrial y logístico de las Aletas, en el municipio de Puerto Real. El Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó en 2007 desafectar gran parte de las 527 hectáreas en las que se preveía un polígono capaz de generar 30.000 empleos con una inversión de 300 millones de euros.

Atiende a un recurso presentado por la asociación ecologista WWF-Adena que denunció esta inversión por ocupar 287 hectáreas de una marisma desecada en suelo de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno y la Junta de Andalucía, impulsores de Las Aletas, siempre han defendido que es un terreno baldío, sin valor medioambiental, aunque esté al lado del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y han justificado su actuación en el interés económico y laboral del proyecto. También aducían que no existía ningún otro lugar con similares características para ubicar un parque industrial como éste.Las Aletas es una de las apuestas industriales más importantes de España. Sus promotores lo defendían como el tercer parque más grande de Andalucía, sólo por detrás del Tecnológico de Málaga y el de La Cartuja de Sevilla. Nació en 2004 a través de un decreto de la Consejería de Obras Públicas que incluía estas 527 hectáreas de Puerto Real como zona especial de reserva para la localización de actividades (Zercla). Tenía un escollo. Más de la mitad de estos terrenos ocupaban suelo de dominio público marítimo-terrestre. La Ley de Costas, en su artículo 32.1, establece que únicamente se podrá permitir esa ocupación para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y además se limita mucho el tipo de uso, enfocado a investigación o pruebas científicas.

La sentencia no deja margen para el recurso de las administraciones

En abril de 2007, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que validaba la reserva de 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre dentro de las 527 necesarias para las Aletas. Aquello se justificó en que los usos tendrían un "efecto tractor" en la economía de la comarca y que el lugar era el idóneo porque en ningún otro se podían ubicar industrias junto a un muelle, el de la Cabezuela, con conexión ferroviaria, cerca de las principales carreteras de conexión, la autopista hacia Sevilla y la autovía hasta el Campo de Gibraltar. La medida contaba con informes de la Junta, del Ayuntamiento, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Presupuestos.

Sin embargo, el Supremo tacha la resolución del Consejo de "extremadamente abierta" e "imprecisa". La reserva de los terrenos era además por tiempo indefinido. "Pretende posibilitar la realización de obras e instalaciones que inevitablemente van a desnaturalizar los terrenos", advierte la sentencia.

Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF España, se felicitó por la sentencia: "Llevamos años denunciando la destrucción del litoral para satisfacer intereses privados y no se puede entender que el Gobierno ampare estas actuaciones".

"No cuestionamos que el relanzamiento económico de la bahía de Cádiz sea un fin legítimo pero para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

Los magistrados llaman la atención de que ninguna administración pusiese sobre la mesa un estudio sobre las alternativas de otras ubicaciones.

En principio, el fallo no será recurrido. La sentencia tampoco da margen para ello. Junta y Gobierno buscarán ahora fórmulas legales para que el proyecto pueda continuar. El proyecto fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a los dueños que denunciaron las expropiaciones. El colmo fue que a la Junta se le pasó el plazo para recurrir al Supremo. Para subsanarlo, los promotores han vuelto a empezar el mecanismo de expropiación con unos propietarios que hasta ahora ejercían presión para reclamar más dinero.