El gobierno de Málaga rechaza investigar los contratos a dedo

La mayoría del pleno de Málaga que forman los concejales del PP consideró ayer que no existen motivos para crear una comisión de investigación sobre los contratos de menor cuantía que realiza el consistorio porque no hay "ningún trato de favor a ningún constructor", como sostiene el PSOE, ni "ninguna irregularidad ni ilegalidad" que lo justifique. La concejal de Economía y portavoz popular, Carolina España, dijo además que existe una "total transparencia" en estos contratos porque siempre se piden tres ofertas distintas antes de adjudicarlos.

El PSOE solicitó la comisión de investigación después de comprobar que sólo en los distritos de Campanillas y Churriana, el 80,7% de las obras contratadas de forma directa por el consistorio entre los años 2006 y 2008 fueron a parar a sólo cuatro empresarios, entre ellos uno que ha tenido varios puestos de representación del PP, ha sido interventor electoral y es dueño de la sede de distrito del partido, Miguel Ángel Pérez Barba. "Tenemos 4.000 interventores electorales", replicó España, quien dijo que el consistorio también contrata a constructores del PSOE: "No miramos el carné político a nadie". Además señaló que Pérez Barba ya contrató con el Ayuntamiento en 1990, cuando gobernaba el PSOE. "¿Dónde está aquí el trato de favor?", preguntó.

La oposición exige transparencia y trato igualitario a los contratistas

El portavoz socialista, Rafael Fuentes, apeló a la necesidad de "transparencia y verdad" para justificar la conveniencia de una investigación. "No puede ser casualidad que un mismo empresario se lleve 605.000 euros en contratos", dijo en relación a Pérez Barba, "y no se han dado explicaciones suficientes".

Pero además, el portavoz socialista cuestionó que puede existir un fraude de ley porque existen sospechas fundadas de que los contratos se fraccionan para que no superen los 30.000 euros y evitar así la licitación pública. Fuentes relató que hasta 77 contratos adjudicados entre 2006 y 2008 oscilan en una variante de dos euros, entre 29.998 y 30.000 euros. "Lo único que queremos es que los malagueños conozcan si hay más casos parecidos, si se produce este fraccionamiento en más contrataciones, si hay más allegados al PP, si es algo excepcional o se produce en los demás distritos", explicó Fuentes quien espetó al equipo de gobierno: "Si no tienen nada que ocultar, digan que sí a la investigación".

Esta necesidad de aclaraciones también la entiende IU. Su portavoz, Pedro Moreno Brenes, pidió que se cree "un listado voluntaria de empresas que se sientan capacitadas para contratar con el Ayuntamiento que permita que haya igualdad de oportunidades para todos". "La transparencia beneficia a todos y el único criterio debe ser la oferta que sea mejor para la administración", expuso.

El alcalde, Francisco de la Torre, admitió anteayer que en los distritos suele haber tendencia a concentrar las contrataciones en unos pocos empresarios.