Columna
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Se acabó la coartada

Durante meses, la línea de defensa del PP frente a la investigación de la corrupción conocida como la trama Gürtel ha consistido en atacar a la Fiscalía Anticorrupción, a los jueces que han entendido del asunto, a la policía judicial, al ministro de Interior y a determinados medios de comunicación. En opinión de la dirección del PP, nos encontrábamos ante una suerte de conspiración instrumentada desde el Gobierno para acabar con el principal partido de la oposición y única alternativa real de Gobierno frente al PSOE. En declaraciones públicas, María Dolores de Cospedal llegó a afirmar que se habían producido escuchas de dirigentes del PP sin autorización judicial, llegándose a amenazar con que el asunto se elevaría incluso a instancias europeas, a fin de denunciar una conducta gubernamental completamente ajena a los usos que presiden la acción política en los países de la Unión.

Me imagino que después de las noticias que se han convertido en portada de todos los medios de comunicación esta semana sobre otros casos de corrupción que afectan a otras formaciones políticas, PSC-PSOE, CDC, Unió Mallorquina, el PAL..., que han sido investigados por la Fiscalía Anticorrupción, con la intervención de jueces que coinciden con los que investigaron también la trama Gürtel o el caso Palma Arena en Mallorca, con actuaciones de la policía judicial similares a las que se acordaron en estos casos e información en los medios de comunicación similar a la que también se ha dado sobre ellos, ese discurso acerca de la presunta conspiración se retirará de la circulación.

El discurso de la parcialidad de la fiscalía y del poder judicial en la persecución de la corrupción se ha venido abajo. El único comportamiento disonante ha sido el del juez de Barcelona que acordó la libertad de Millet en el caso Palau de la Música en contra de la petición del ministerio fiscal, lo que condujo a algo insólito en la historia judicial española como fue la rueda de prensa del conjunto de fiscales barceloneses expresando su perplejidad por la decisión del juez. En todos los demás casos que se están investigando, la actuación de fiscales y jueces está siendo similar, sin que pueda atisbarse el más mínimo indicio de parcialidad partidista.

Al menos esto es algo positivo que conviene subrayar. Si en las instancias políticas, instituciones autonómicas y municipales y en los partidos ha habido negligencia e incluso un punto de complacencia frente al crecimiento de la corrupción en su interior, que ellos tenían que haber sido los primeros en detectar e intentar evitar que llegaran a tener la dimensión que ha alcanzado, no ha ocurrido lo mismo en el interior del poder judicial y en el ministerio fiscal.

La coartada de la parcialidad judicial y del ministerio fiscal se ha acabado y cada palo va a tener que aguantar su vela. La investigación judicial seguirá su curso y llevará el tiempo que tenga que llevar, que con seguridad no será breve. Ahora son las direcciones de los partidos políticos las que van a tener que dar la cara ante los ciudadanos y retratarse. En primer lugar, reaccionando frente a la corrupción detectada en sus filas, dejándose de monsergas sobre la presunción de inocencia. Y en segundo lugar, promoviendo los cambios normativos que deban promoverse, a fin de que resulte más difícil que casos como los que estamos conociendo vuelvan a repetirse. Veremos quiénes están a la altura de lo que las circunstancias exigen o quiénes intentan escurrir el bulto. Los ciudadanos tenemos la convicción de que fiscales y jueces están haciendo lo que tienen que hacer. La pelota está en otro tejado en este momento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 30 de octubre de 2009.