La Iglesia lanza un órdago a la Junta por la reforma de las cajas

En víspera de la aprobación del decreto ley de reforma de la norma autonómica de Cajas de Ahorros de Andalucía, Cajasur, controlada por la Iglesia católica, lanzó ayer un órdago monumental al Gobierno de José Antonio Griñán. Pasadas las diez de la noche, emitió un comunicado en el que considera "inasumible" el texto del decreto que la Consejería de Economía y Hacienda aún estaba ultimando al cierre de esta edición para llevarlo para su aprobación al Consejo de Gobierno de hoy. Según la entidad cordobesa, el decreto "no da cobertura legal al protocolo de fusión" alcanzado con Unicaja, según el cual a la Iglesia, como entidad fundadora, tendría un 7% de representación en los órganos de gobierno. En el texto en el que anoche trabajaban en la Consejería de Economía y Hacienda, este porcentaje era levemente menor ("del seis y pico", según algunas fuentes), pero no afectaba al número de sillones que los representantes del Cabildo catedralicio de Córdoba tendrá en los órganos de gobierno. Al cierre de esta edición, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, intentaba convencer al presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, de que la posición de la Iglesia era la acordada en el protocolo de fusión de Unicaja y la entidad cordobesa.

Los curas dicen que han sido ellos los que han renunciado a sus privilegios

El PP quiere menos representación de las diputaciones provinciales

En su comunicado, la Iglesia católica, que se autodefinía como "la entidad fundadora", aseguraba que "descartaría una eventual fusión en los actuales términos ya que dejaría en el aire las adecuadas garantías relativas a la defensa del empleo, la obra social y el futuro de la especial relación de la nueva entidad con Córdoba".

Los miembros del Consejo de Administración de Cajasur que no pertenecen al Cabildo catedralicio de Córdoba desconocían por completo el comunicado y el órdago nocturno de los canónigos. Incluso el vicepresidente eclesiástico del Cabildo, Fernando Cruz Conde, dijo ignorar el comunicado, aunque inmediatamente apoyó cualquier decisión adoptada por Gómez Sierra.

En el proceso de negociación tanto con Unicaja como con el Gobierno andaluz, los canónigos siempre han mirado por sus propios intereses más que por cómo quedaba una entidad, que está más cerca de la intervención por parte del Banco de España que de su absorción por la entidad malagueña presidida por Braulio Medel. De esta forma, la amenaza de Cajasur de romper la unión con Unicaja no era tomada muy en serio por Medel, según reconoció en una entrevista anoche con la Cadena SER. "A día de hoy, con los datos encima de la mesa, incluido el comunicado, no contemplo una solución distinta a la fusión", dijo Medel que ayer mantuvo una entrevista en la sede regional del PSOE con el secretario de Organización socialista, Rafael Velasco.

Irónicamente, en su comunicado la Iglesia señalaba que había renunciado "expresamente a las peculiaridades de la designación y duración del mandato de los miembros del Cabildo". Los canónigos disfrutan del privilegio de mandatos perpetuos y de una edad de jubilación a los 75 años, en lugar de los 70. Tanto Unicaja como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán se opusieron a mantener esta bula eclesiástica porque establecía consejeros de primera y de segunda categoría. Estas prerrogativas no aparecían en un primer borrador, aunque sí en un segundo, para desaparecer en el tercero. Todavía nadie ha explicado por qué se metió.

En su comunicado, la Iglesia también quería blindar su posición -fijada en el decreto en una disposición adicional- de cara a futuras integraciones.

A las presiones de la Iglesia, pero desde luego a otro nivel, se sumaron también las del Partido Popular, que pretendía rebajar el peso de las diputaciones provinciales como entidades fundadoras.

El PP estaba dispuesto a respetar los acuerdos fijados en los protocolos de fusión entre las tres entidades, en el que, se incrementa la presencia de las diputaciones. Pero no quiere que esa pauta siga imperando en otras uniones futuras, porque significaría "apuntalar" el poder del PSOE en estas entidades financieras en largo plazo.

Los socialistas aceptaron, la sugerencia de los populares de que los cargos electos como los diputados no estén presentes en los consejos de administración. El PP pretendía que esta incompatibilidad se aplicara también en el caso de los concejales, a lo que el PSOE se opuso. IU se quejó del escaso eco de sus propuestas. "Esto no se puede llamar negociación", dijo su portavoz de Economía, Pedro Vaquero.