La dependencia, ante la juez

Los beneficiarios de La Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, hartos de los retrasos que sufren sus peticiones, han optado por recurrir a los juzgados en un intento de acceder a los derechos que las trabas de la Generalitat a la aplicación de la norma estatal les niega o ralentiza. Este es el caso de la familia de Ayeisa Méndez, una joven de Alicante de 27 años con parálisis cerebral y el 87% de minusvalía. La familia demanda el máximo nivel de protección para su hija , o sea, una persona permanentemente a su cargo, lo que no le reconoce Bienestar Social.

Sin embargo, la demanda judicial de Ayeisa ha encallado. La titular del Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante frustró ayer la primera vista oral en este tipo de demandas por motivos de competencia. "No lo entiendo", exclamó Javier Méndez, padre de la joven, ante el nuevo parón en la batalla en defensa de los derechos de Ayeisa, que se remonta a abril de 2006. "Mi hija tiene una minusvalía del 87%, necesita permanente la atención de una tercera persona", argumentó el padre.

La magistrada abortó la vista por motivos de competencia

"No lo entiendo", exclamó el padre de la afectada

Los prolegómenos del juicio hacían prever que se celebraría. La magistrada abrió la sala y entraron los representantes de las partes y el público. Cuando tocó el turno del letrado del Consell, éste solicitó la suspensión por cuestiones de competencia "objetiva y territorial". La juez dio el turno al abogado de Ayeisa, que mantuvo la tesis contraria. Luego dio la palabra al padre de la joven demandante. Éste no llegó a completar su intervención. La juez optó por suspender la vista y solicitar un informe de la Fiscalía sobre su competencia.

La iniciativa de la familia de Ayeisa contó con el respaldo de un centenar de personas miembros de las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, que se concentraron a las puertas de los juzgados de Benalúa. Los congregados también vieron frustrado su anhelo de que finalmente este tipo de reclamaciones judiciales se dirima en Alicante. "Éste [el juicio de ayer] puede ser un buen precedente para acercar la justicia a los interesados y no tener que desplazarnos a Valencia ante el Tribunal Superior de Justicia. La Comunidad Valenciana, que preside Francisco Camps, mediante un decreto ha querido complicarnos más la vida, con todos los problemas que ya tenemos", señala una nota del colectivo.

A los representantes de las plataformas se sumaron cargos del PSPV, entre ellos, Luis Briñas, secretario provincial de Sanidad, y la edil Laura Soler. Briñas calificó de "inaudito" el desenlace del juicio. "Es incomprensible que a los retrasos por culpa del Consell que acumula la ley se sumen ahora las pegas de los jueces", aseveró.