Tres de los 17 ministros declaran más de un millón de euros de patrimonio

El Gobierno cumplió ayer una promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero pendiente desde 2004: la publicación en el BOE del patrimonio de los miembros del Gobierno (ministros y secretarios de Estado). Según los datos, el presidente tiene un patrimonio de 209.206,13 euros y una deuda de 80.847,89. Los únicos que superan el millón de euros son Cristina Garmendia, Miguel Sebastián y Alfredo Pérez Rubalcaba. La que menos tiene es Bibiana Aído.

La publicación de estos datos, como medida de transparencia democrática, se había demorado desde 2006 cuando el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, impulsó una nueva ley de incompatibilidades que debía ser desarrollada con un reglamento. El plazo de seis meses previsto por la norma para ese desarrollo se ha alargado por resistencias y dificultades técnicas. Las reticencias no sólo eran del Ejecutivo, ya que en el trámite de la norma PP y CiU llegaron a sacarlo de la ley en el Senado y tuvo que recuperarse en el Congreso por el resto de grupos.

Garmendia, Sebastián y Rubalcaba son los que más tienen. Aído, la que menos

En uno de los últimos Consejos de Ministros en los que se estudió, el ministro de Fomento, José Blanco, planteó que el valor de los inmuebles fuera el de mercado o el escriturado y no el catastral que siempre es mucho más bajo. Otros objetaron que el de las escrituras tampoco es real por no estar actualizado y, finalmente, se decidió que fuera el catastral, lo que distorsiona el resultado. Por eso, Trinidad Jiménez, Carme Chacón y Blanco figuran con una deuda neta, es decir, sus hipotecas superan el valor de los inmuebles. Tampoco está especificado si tienen regimen de gananciales con sus parejas. Así, del ministro de Fomento consta el 50% de su vivienda de Madrid y el 22% de la de Arousa, y el resto pertenece a su esposa. En el caso de Zapatero, su vivienda en Almería tiene un valor catastral muy lejano al de mercado.

Sólo en Castilla-La Mancha y en Andalucía, donde incluso es mucho más detallado, se publican los patrimonios de los altos cargos. En el resto, como hasta ahora en el Gobierno central, hay obligación de presentar declaración, pero es secreta. Igual que los diputados y senadores. Hay una ley aprobada para los concejales de grandes ciudades, pero tampoco está desarrollada.