Luis Pizarro, alcalde mayor

Escandalizados por el bochornoso espectáculo de una clase política atrapada por el lujo y un lenguaje soez, los ciudadanos asisten atónitos al deterioro de la democracia.

Meditaba sobre cómo debe afectar a miles de servidores públicos este nauseabundo clima, cuando me llegó una racha de aire fresco a través de las ondas. Antonio Basagoiti, presidente del PP en el País Vasco, decía en la SER que el caso Gürtel le daba "pena, preocupación y asco". Contrapuso esas "gentes a las que les gusta el lujo, el sexo, el vivir bien y el trincar", con los muchísimos "concejales, no sólo en mi partido, que se juegan la vida por cero euros para defender unos ideales".

Pensé en los miles de concejales andaluces que luchan por sacar adelante a sus pueblos. La crisis, que afecta a todos, salvo a un puñado de chorizos -en palabras de Cristóbal Montoro- golpea especialmente a los ayuntamientos, que son el primer eslabón de la cadena democrática de un Estado.

Una cadena que, con frecuencia, registra eslabones podridos. Los casos de corrupción municipal han representado un duro revés para la imagen de la democracia. Pero sería injusto incluir en el mismo saco a las manzanas podridas y las sanas. Con ser muchos los corruptos, son infinitamente más los servidores públicos que rigen los 771 municipios andaluces.

Hoy, alcaldes y concejales viven en la zozobra. Su principal fuente de ingresos, el urbanismo, ha caído más de un 50%. El 60% de los consistorios tiene serias dificultades para pagar la nómina de sus empleados. La mayoría registra deudas astronómicas con la Seguridad Social, con los bancos, con sus proveedores habituales.

Algunos son responsables de su penuria. Pensaron que el ladrillo sería una eterna fuente de riqueza y engordaron plantillas, se fijaron sueldos astronómicos y se rodearon de carísimos asesores. Pero la inmensa mayoría ha administrado los fondos públicos con austeridad. Estos son quienes exigen un nuevo marco legal.

Así lo que ha entendido Luís Pizarro, consejero de Gobernación. Militante socialista desde 1973, participó activamente en el movimiento vecinal y fue concejal de Cádiz tras las primeras elecciones municipales de 1979.

Treinta años después, el Gobierno andaluz ha iniciado la tramitación de dos importantes leyes para el futuro de los municipios: la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), y la Ley de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad. Han pasado 15 años desde que el entonces presidente Manuel Chaves anunciara en sede parlamentaria el desarrollo del pacto local. Era el año 1994, el mismo en el que Chaves y Pizarro se hicieron cargo del PSOE andaluz, como secretario general y secretario de organización respectivamente.

Cinco consejeros han pasado por Gobernación sin cumplir con esa reiterada promesa. Es la hora de la verdad. Pizarro asegura que estas leyes, pioneras en España, proporcionarán a los ayuntamientos "más autonomía y menos tutela". Se ampliarán sus competencias y se mejorará su financiación. Sobre el papel, la LAULA parece una buena ley. "Genial", en palabras del alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre. Aunque muchos reclaman la participación en todos los ingresos de la Comunidad y no sólo en los tributos, como propone el Gobierno.

Si a mediados del próximo año ambas leyes son aprobadas sin perder su esencia en el debate parlamentario, Pizarro podría colgarse la medalla de alcalde mayor de Andalucía. Y los alcaldes reales dispondrían de un marco legal que les permitirá gobernar mejor sus municipios.

En contrapartida, habrá que exigirles, de acuerdo con Basagoiti, que no se dediquen "al lujo, al sexo, al vivir bien y al trincar". Más bien, a servir a sus vecinos de acuerdo con sus ideales.