La fiscalía pide la paralización en Requena de un parque eólico fragmentado en tres

La fiscalía de Valencia ha pedido la paralización cautelar de tres parques eólicos que se construyen en Enguera porque, en realidad, son un solo parque. Con ello, el ministerio público coincide con los grupos ecologistas que vienen denunciando reiteradamente la implantación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana porque se fragmentan los parques para evitar que su autorización y control sean competencia del Estado.

Los parques de la zona 12, de los que reclama su paralización la fiscalía provincial de Valencia, en un escrito fechado el pasado 4 de septiembre, son los denominados Benalaz I, Benalaz II y Salomón, que la empresa Acciona construye en Enguera. Según el escrito presentado ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valencia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, constató en una inspección ocular que los parques están a menos de dos kilómetros de distancia entre ellos, lo que los convierte en realidad en un único parque. Es más, en esa inspección se pudo constatar que "los parques eólicos Benalaz I y Salomón son un solo parque eólico ya que se encuentran unidos de tal manera que a continuación del punto de ubicación del último aerogenerador del parque eólico de Benalaz I comienza el parque eólico Salomón".

La consideración de uno o tres parques no tiene repercusiones meramente burocráticas, ya que si los parques superan los 50 kilovatios de potencia eléctrica o no están separados por más de 2.000 metros de distancia, la concesión y la revocación de la autorización administrativa corresponden a la Administración general del Estado y no a la Generalitat.

La iniciativa de la fiscalía se produce en el marco del recurso contencioso administrativo presentado contra la denegación por silencio administrativo por parte de la Generalitat de la revocación de la autorización administrativa para la construcción de los parques de la zona 12."Se considera parque eólico", recuerda la fiscalía, que cita el propio Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, "el conjunto de aerogeneradores que, con independencia de su titularidad, disten entre sí una distancia inferior a 2.000 metros medidos en proyección horizontal o que viertan la energía eléctrica generada sobrante a la misma central de transformación con tensión de salida igual a la red de distribución o transporte a la que han de conectarse".

Por ello, el ministerio público considera que en Enguera se construye un único parque cuya declaración de impacto ambiental debe ser redactada por el Ministerio de Medio Ambiente y no por la consejería. Para apoyar su postura, la fiscalía cita una sentencia del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y recuerda que la Consejería de Medio Ambiente acordó en febrero la paralización cautelar de las obras en Enguera por el desbroce de 43.000 metros cuadrados de pinar sin autorización, así como la apertura de un expediente sancionador, en julio, y la imposición de una sanción de 220.000 euros a Acciona Eólica de Levante, SL, por "diversos incumplimientos de la declaración de impacto ambiental como el ancho de los caminos, el acopio de materiales y la construcción de una balsa subterránea de recogida de aceite".

Pero, además, la fiscalía señala que la Consejería de Infraestructuras únicamente ha autorizado la construcción de Benalaz I, "por lo que los otros dos parques se están construyendo sin autorización".

Protección de las aves

Finalmente, el escrito alega que la efectividad de la sentencia sobre el contencioso planteado depende de la paralización de las obras con el fin de minimizar los daños en un paraje declarado lugar de interés local (LIC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA). "Al haberse modificado las obligaciones que imponía la declaración de impacto ambiental y construirse un solo parque eólico y no tres separados por 2.000 metros, se puede afectar a la protección que garantiza la ZEPA y producir un daño ambiental que no ha sido evaluado", puntualiza la fiscalía. "La propia declaración de ZEPA conlleva unas garantías que no se han evaluado y la construcción del parque eólico sin estar evaluado y autorizado por el órgano de la Administración General del Estado conlleva que se está construyendo sin el control que fija la legislación ambiental".