La alcaldesa no lee el BOE

"Estafa política, fraude y engaño del Gobierno a los ayuntamientos". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, arremetió el pasado jueves con estas palabras contra el Gobierno tras días de silencio con el caso Gürtel al rojo vivo. Para la ocasión, Barberá eligió denunciar un supuesto nuevo "atropello" del Ejecutivo en relación con el Plan E, el fondo estatal de inversión local que en diciembre de 2008 asignó a Valencia 141 millones de euros para obras menores que contribuyeran a frenar el paro. El Ejecutivo ha adelantado el 70% del dinero, pero no desembolsará el 30% restante -en el caso de Valencia son 42 millones- hasta comprobar que los consistorios han pagado a los contratistas y han cumplido los requisitos de esta financiación extraordinaria.

El Gobierno aclaró los requisitos en resoluciones en febrero y marzo

"¿Y a quién le pido yo 42 millones de euros?", clamó indignada Barberá, que denunció que el Ejecutivo ha "cambiado las reglas a mitad de la partida".

Las condiciones del Plan E, sin embargo, no son nuevas ni han cambiado sobre la marcha. Un repaso del Boletín Oficial del Estado (BOE), o de la web del Ministerio de Política Territorial, que gestiona este fondo, hubiera bastado para comprobar que el procedimiento está fijado hace meses. En el decreto-ley del Plan E publicado en el BOE el 2 de diciembre de 2008 se especifica que los ayuntamientos deberán acreditar la inversión y finalización de las obras con una memoria de los puestos de trabajo creados, y "el acta de recepción y la certificación final de la obra", entre otros documentos. Con la debida justificación, se librará "la última remesa de fondos", el 30% de la polémica. El decreto advierte, además, que los consistorios deberán abonar las obras a los contratistas "dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra", y no cuando llegue el dinero del Gobierno.

La lectura del decreto pudo inducir a error o a otras interpretaciones, pero esa posibilidad quedó zanjada el pasado 17 de febrero. Ese día, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial firmó una resolución publicada en el BOE dos días después en la que especifica que en el plazo de los 10 días siguientes al pago final de las obras, los alcaldes deberán remitir al ministerio un informe que detalle esa liquidación a los contratistas. Por si aún quedaban dudas, otra resolución recordó de nuevo el 20 de marzo los requisitos para cobrar del fondo. En ella, el ministerio destacaba que la última remesa de dinero se librará "en el plazo máximo de un mes" desde el envío por parte de los ayuntamientos de la documentación justificativa de la "obligación" del pago a los contratistas.

El ministerio, que rechaza haber cambiado las reglas, ha liquidado ya "con absoluta normalidad" los proyectos de un millar de ayuntamientos por ese sistema.

Además del BOE y la web del ministerio, divulgaron el procedimiento la Federación Española de Municipios y Provincias (con una guía exhaustiva), y la propia federación valenciana, que preside la alcaldesa de Alzira, la popular Elena Bastidas. La entidad de los municipios valencianos publicó la resolución aclaratoria de febrero en su web, a pesar de lo cual Bastidas declaró, también el jueves pasado, su "estupor" por la "imposición" a adelantar el 30%, lo que habría "sembrado el desconcierto" y "asfixiará" a los ayuntamientos. Dicho lo cual, la propia Bastidas desmintió su sorpresa por la jugada del Gobierno al recordar que el PP registró en febrero en el Congreso una proposición no de ley contra ese pago que fue rechazada. El mismo día, alcaldes del PP se reunieron para subrayar su indignación contra el Gobierno, que ayer remató el vicesecretario de Política Local del partido, César Augusto Asencio, al declarar que los ayuntamientos siguen "esperando una explicación de Zapatero". La tienen en el BOE.