La paradoja californiana

California es riquísima: si fuera independiente, tendría un lugar entre las ocho mayores potencias económicas del mundo. California goza de uno de los sistemas políticos más democráticos del planeta, quizá el más democrático: puede decirse que el votante, o sea, lo que llamamos el pueblo, ejerce el poder de forma directa. Quizá como consecuencia de lo anterior, California goza de unos mecanismos fiscales justos y a la vez redistributivos: el 3% de los contribuyentes, los más ricos, pagan el 60% de los impuestos totales.

Éstas son las razones de que California lleve más de una década hundiéndose en la ruina.

La catástrofe empezó en los años setenta, cuando el valle de Santa Clara fue rebautizado como Silicon Valley por su concentración de industrias informáticas. California se hacía rica en plena crisis del petróleo y atraía una intensa inmigración de otros Estados. Los precios inmobiliarios subían y los impuestos sobre el patrimonio (la casa) estaban haciéndose insoportables para muchos pensionistas y familias con rentas bajas.

En California, como decíamos, la democracia no sólo se ejerce de forma indirecta, con la elección de representantes. El sistema prevé que las cuestiones de importancia se resuelvan con un referéndum. El problema fiscal desembocó, lógicamente, en un referéndum sobre la llamada "Proposición 13", que limitaba el impuesto sobre la vivienda al 1% del precio de compra, con revalorizaciones máximas del 2% anual. Ya puestos, se incluyó en la papeleta otra medida: para aprobar cualquier subida de los otros impuestos estatales sería necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento californiano.

Como era de esperar, la Proposición 13 fue aprobada por amplia mayoría. Y creó las bases de un déficit presupuestario crónico. Se estima que, gracias a los topes fiscales (el IRPF máximo no llega al 10%), los californianos se han ahorrado 500.000 millones de dólares en 30 años. Visto desde el otro lado, esa cantidad es la que ha dejado de ingresar en las arcas públicas.

La gobernación por referéndum creó, en los años siguientes, nuevas distorsiones. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad segura? Los californianos, como todo el mundo, exigen seguridad. Por eso exigieron leyes más y más severas, que afectaban en especial a toxicómanos y pequeños delincuentes, y eso supuso más y más condenas. Lo que llevó a la construcción de más y más cárceles. Actualmente hay 170.000 reclusos (en España, cuya población es similar a la de California, rondan los 76.000), que cuestan anualmente 200.000 dólares por cabeza.

De forma similar, los californianos han exigido mejor educación pública, leyes estrictas contra la contaminación, medidas de protección social, subsidios, etcétera. Lo normal: todos queremos muchos servicios y pocos impuestos.

La crisis está siendo muy cruel con California. El desempleo ronda el 10%, con puntas del 50% en las zonas agrícolas; medio millón de californianos se han largado a otros Estados desde 2004; el número de estudiantes universitarios cae en picado. En 2003, el gobernador Gray Davis fue expulsado del cargo por referéndum (ya ven lo que puede hacer la democracia directa) debido al catastrófico estado de las finanzas públicas. Eso permitió la elección de Arnold Schwarzenegger, que ahora mismo maneja un déficit y una deuda mucho más graves que las de Davis.

La única solución sería subir los impuestos. Pero no se puede. Son los inconvenientes de la democracia directa.