Ofensiva de la Xunta para reclamar las competencias de tráfico y la AP-9

La Xunta ha reclamado al Gobierno central, por carta y con firma de Alberto Núñez Feijóo, diez nuevas transferencias, además de la agilización de siete pendientes de los años del bipartito. La primera de ellas, respaldada unánimemente por los tres partidos del Parlamento, se refiere a la gestión de la seguridad vial y al tráfico.

Feijóo, que exige del vicepresidente tercero Manuel Chaves la convocatoria de la reunión de la comisión bilateral Xunta-Estado, también pretende que el Gobierno gallego asuma la titularidad de las dos autovías que discurren íntegras por territorio de la comunidad. Así, la AP-9, entre Ferrol y Vigo, y la AP-53, Santiago-Ourense, pasarían a depender de la Consellería de Infraestruturas. Las cuencas hidrográficas, ahora en la Confederación Miño-Sil, y los servicios de meteorología figuran en la misiva remitida por Feijóo. El presidente aprovechó ayer para afear a Madrid la limitación del endeudamiento de las comunidades autónomas.Por carta, con membrete de la Xunta y firma de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. La primera reivindicación de competencias del nuevo Gobierno gallego al Ejecutivo central reclama diez nuevas transferencias y que se agilicen siete que están pendientes desde la pasada legislatura. La misiva se dirige al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para que convoque cuanto antes la comisión mixta bilateral que engloba a ambas instituciones. Se trata de iniciar "el mayor período de autogobierno" después del "goteo" de transferencias "durante el mandato del bipartito", explicó el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que compareció al lado del presidente para exponer las líneas maestras de su departamento. Entre ellas no está la creación de un cuerpo de policía propio como la Ertzaintza vasca o los Mossos d'Esquadra en Cataluña.

Rueda reclamó las competencias de museos y bibliotecas del Estado La Xunta quiere que Pesca tenga jurisdicción sobre aguas exteriores

La primera de las transferencias que ahora se reclaman está respaldada unánimemente por del Parlamento y afecta a la gestión desde Galicia de la seguridad vial y el tráfico. Según los cálculos del titular de Presidencia la cesión no sería abordada por el Congreso de los Diputados antes de septiembre de 2010, por eso Rueda intenta buscar un atajo con la complicidad del Gobierno de Madrid.

Junto a ella, la Xunta reclama la titularidad de las dos autopistas que discurren íntegramente por la comunidad, la AP-9 y la AP-53 que une Santiago y Ourense. Y, con el mismo argumento, Presidencia reivindica "plenas competencias" sobre las cuencas hidrográficas que discurren por el territorio gallego y el control sobre licitación, ejecución y gestión de las obras hidráulicas de interés general que se acometan en la comunidad.

El Gobierno pretende reservarse además la potestad de tramitar autorizaciones sobre todo el dominio público hidráulic,o incluido el que ahora corresponden a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Y gestionar el servicio de meteorología, dado que Galicia es, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el único territorio que no tiene competencias exclusivas en este campo. Rueda abogó por transferir a la Consellería de Cultura los museos y bibliotecas del Estado en Galicia y reclamó cambios legales para poder hacer lo propio con los archivos. Cuantificó la deuda de superficie en 6.000 metros cuadrados de edificios como el de servicios de Monelos de A Coruña; la Casa de Chocolate, en Ourense, y el inmueble que la Xunta tiene en Benito Corbal, en Pontevedra.

También se pretende que la Consellería de Mar extienda su jurisdicción sobre los barcos que faenan fuera de las aguas interiores. El poder sobre las gestión de zonas de dominio público marítimo-terrestre, vinculada a materias que ya son de competencia autonómica, como la construcción de puertos, la reglamentación urbanística o el control de vertidos, es otra de las aspiraciones del Gobierno gallego.

La rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, sirvió para que Feijóo explicase otros acuerdos de su Ejecutivo. En la reunión de Gobierno se dio luz verde al inicio de la conexión entre la Autovía A-52 y la frontera portuguesa. El nudo que unirá Ourense, Celanova y la salida hacia Portugal, "ya contemplada en el Plan Galicia", reducirá, según Feijóo, en un 40% los tiempos de desplazamiento "en una comarca donde viven 220.000 orensanos". El plazo de finalización de esta infraestructura de 32 kilómetros se proyecta para finales de 2012.

El departamento de Medio Rural "desbloqueó" además programas de dinamización por un importe de 200 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios del Plan Leader, al "autorizar" la Xunta el pago anticipado de las ayudas concedidas a los grupos de desarrollo rural.

Además, la Consellería de Economía e Industria que dirige Javier Guerra dio luz verde a una inversión de 190.000 euros para instalar paneles solares en los parques industriales para que las naves de las empresas puedan aprovechar esa energía fotovoltaica. La experiencia piloto, que parte de un convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Pontevedra para colocar las placas en los polígonos de esa provincia, será exportada, siempre que se pruebe su éxito al resto de la comunidad. Además, Medio Ambiente financia con 1,5 millones de euros la instalación de una depuradora en Cervo para dar servicio a 1.500 habitantes.

Hasta ahí, los acuerdos de Gobierno. En su comparecencia pública, casi monográfica sobre Gürtel, Feijóo volvió a criticar los límites de endeudamiento que el Ministerio de Economía establece para las comunidades autónomas. La queja del preside alude al hecho de que sólo se autorice a los gobiernos regionales una deuda máxima del 2,5% del PIB gallego, mientras el Estado se reserva el 5,5%. La medida motivó las protestas de todos los consejeros del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado martes. El presidente gallego redundó ayer en sus quejas. Lamentó que mientras las autonomías son las que prestan los servicios sociales y afrontan el mayor gasto en educación y sanidad, su capacidad de déficit es la mitad de la del Ejecutivo central.

En este campo, la Consellería de Sanidade refrendó ayer su compromiso con los medicamente genéricos plasmado en un segundo informe que pretende fomentar su uso. Feijóo tiró de estadísticas y concluyó que Galicia gasta un euro más que la media del resto de autonomías en cada una de los 60 millones de recetas que expide cada año.