Barberá sugiere exhibir la estatua de Franco en un museo

Desde 1983, una estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, de propiedad municipal, se impone en el patio de la antigua Capitanía General de Valencia, un edificio del Ministerio de Defensa. A pesar de que la Ley de la Memoria Histórica dice que las administraciones públicas tienen que retirar los símbolos franquistas de los edificios públicos, el Ayuntamiento de Valencia todavía no ha actuado en los suyos ni se ha interesado por la devolución de la estatua de Franco. Ahora, Defensa pretende que antes de final de año desaparezcan de sus cuarteles todos los objetos de exaltación de la dictadura. "Ni idea", afirmó ayer la alcaldesa, Rita Barberá, sobre esta decisión del ministerio.

"¿A quién le pido yo 42 millones de euros?", preguntó ayer la alcaldesa

La estatua se retiró hace 26 años de la plaza del Ayuntamiento y se depositó en la Capitanía General. Barberá manifestó que nadie se había puesto aún en contacto con el equipo de gobierno del PP. Mientras el ministerio busca borrar las huellas del franquismo, Barberá sugirió otro destino para la estatua: "Si se la devuelven a la ciudad, pues se guardará en un museo, o no sé".

La alcaldesa aseguró que, en todo caso, si el traslado implica un coste, no será el consistorio el que lo asuma: "Como pretendan que lo pague yo, lo tienen claro. Lo tendrá que pagar el Ministerio de Defensa".

Por otra parte, Barberá se sumó ayer a las críticas de los municipios del PP al Gobierno por las condiciones de pago de los proyectos del Plan E. El Ayuntamiento tendrá que adelantar el pago de las últimas certificaciones de obra y esperar a que el Gobierno se lo devuelva tras comprobar que la memoria de las actuaciones es correcta y se ha pagado a las empresas. El Ejecutivo adelantó el 70% de los 141 millones de euros asignados a Valencia, y ahora le corresponde al consistorio liquidar por adelantado el 30% restante. Un total de 42 millones de euros que Barberá dice no tener y que, según aseguró, no estaba previsto que tuviera que adelantar. "Se está produciendo un engaño y un fraude a los ayuntamientos", manifestó. "¿A quién le pido 42 millones?", se preguntó.

El Ministerio de Política Territorial, que gestiona el Plan E, rechazo que haya cambiado las condiciones de pago y aseguró que estaba previsto desde el principio que los municipios liquidaran ese 30%. La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, tildó las declaraciones de Barberá de "rosario de mentiras". Según Alborch, la intención de Barberá es confundir y tapar sus supuestas "vinculaciones" con el caso Gürtel.