El PP cántabro se querella por un caso como el de Hernández

El PP cántabro celebró ayer como un triunfo la admisión a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de una querella presentada por los populares contra el consejero de Desarrollo Rural, el regionalista Jesús Miguel Oria, y otros dos funcionarios por certificar el final de una obra que el Gobierno autónomo ni siquiera ha iniciado. Un episodio calcado al del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y que el PSOE ha denunciado ante los tribunales con el mismo resultado: un auto de un juez que también decidió abrir una causa para seguir investigando.

Ambos casos revelan lo en las antípodas que están las doctrinas de los populares ya figuren como querellados o como acusación ante conductas similares. El PP gallego defiende que las certificaciones de infraestructuras inacabadas son "práctica habitual" en las administraciones públicas y que en el caso de la Diputación de Pontevedra -donde Hernández ejercía como jefe de infraestructuras- el aval se concedió para no poner en riesgo una subvención del Gobierno central. En Cantabria este mismo partido ha presentado una querella criminal que pide entre tres y seis años de cárcel, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por el tiempo de dos a seis años al consejero Jesús Miguel Oria y a sus dos colaboradores, por certificar obras no empezadas y liberar 380.000 euros para pagar a la empresa Tragsa trabajos no efectuados en el edificio Lagunilla, futura sede de la Dirección General de Desarrollo Rural.

La denuncia del PP cántabro imputa a Oria, al secretario general de su departamento y al representante legal de Tragsa sendos delitos continuados de falsedad en documento público.

Los argumentos sirven también en el caso del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que estudia el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra. Se refiere a la certificación final por parte de la Diputación de Pontevedra y que visó el propio Hernández como director de infraestructuras, de la variante de Lira en el municipio de Ponteareas.

Ese "final de obra" permitió a la empresa Sercoysa - en la que el conselleiro de Medio Ambiente había trabajado como directivo tras su paso por la Xunta de Fraga-, cobrar por adelantado los trabajos. Así que el PSOE gallego, como hace ahora el PP cántabro, denunció un presunto delito de "falsedad documental" que el juez sigue investigando, después de rechazar la petición de archivo de Hernández.