Críticas de los discapacitados a la nueva ley del transporte

La ley que la Generalitat prepara para garantizar el derecho al transporte de las personas discapacitadas no convence en absoluto a sus potenciales beneficiarios. Por un lado, porque ya existe una norma similar sin desarrollar. Y, por otro, porque esta ley pretende "desmontar una normativa muy válida que está vigente y que ha costado muchos años conseguir para dejar un vacío que no se sabe cómo ni cuándo se va a llenar".

Así lo entiende la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (Cocemfe) que señaló ayer en un comunicado que "no acepta" el texto del proyecto de ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes que prepara el Consell. Esta entidad recuerda que ya presentó alegaciones al texto hace dos años cuando éste le fue presentado y que "la Consejería de Infraestructuras y Transporte las han ignorado".

Los mismos derechos

Cocemfe recuerda que desde 1998 está en vigor la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, dirigida a garantizar el acceso y el uso de los servicios públicos, espacios, edificaciones o transporte de las personas independientemente de sus limitaciones físicas o sensoriales. Esta ley se desarrolló en 2004 en aspectos relacionados con la accesibilidad en edificios o con el entorno urbano (rampas, escaleras, parques y jardines...). Sin embargo, a lo largo de los 11 años transcurridos desde la aprobación de la ley, no se han abordado los artículos que hacían referencia a la accesibilidad a los medios de transporte. Y en lugar de ello, se elabora una nueva ley "que recoge prácticamente los mismos derechos que ya se establecían en aquella y que sigue dejando para su desarrollo posterior la concreción de los requisitos y parámetros que deben reunir los diferentes elementos y medios de transporte para cumplir las exigencias de accesibilidad", señala la organización integrada por personas con discapacidad.

Cocemfe manifestó ayer su confianza en que durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley en las Cortes Valencianas "con el apoyo de todos los grupos políticos", se modifique el texto y se recoja la opinión de las personas con discapacidad para que estas personas "puedan seguir avanzando y no retrocediendo en la efectividad de sus derechos".