Contra la burocracia pública

Si el Gobierno que se dice socialista propone congelar el sueldo a los empleados públicos, y los sindicatos de "izquierda" admiten el 0,3% como tope para el incremento salarial, la patronal tiene que e ir más lejos, está obligada a pedir que el Estado adelgace como agente económico -reducción de impuestos y desregulación laboral-, y en consecuencia lógica "externalizar" todos y cada uno de los servicios públicos; en definitiva, reducir el gasto presupuestario y permitir oportunidades de negocio donde antes se reconocían derechos sociales, ya que éstos no son funcionales, pues suponen una carga empresarial que impide a la economía española competir en el mercado trasnacional global.

Esta música, perfectamente sincopada por el Gobernador del Banco de España, podría sonar estupendamente, pero tanta alabanza de la iniciativa individual y menosprecio del burócrata, olvida la cuestión central que arrastra nuestro país desde hace siglos: la irresistible tendencia de algunos empresarios a confundirse con el Estado, impidiendo a los burócratas que lo sean verdaderamente. No existirán servicios públicos de calidad -policía, justicia, educación, sanidad, comunicaciones...- sin burocracias políticamente neutras y técnicamente eficientes, como tampoco puede haber Estados fuertes con jugadores de ventaja como han sido tradicionalmente los "empresarios" españoles, empeñados en ahormar el bien común a sus intereses particulares, y negando ahora, al socaire de la crisis económica, el Estado Social del que nos dotó la Constitución del 78. Tal vez fuera conveniente dar menos trascendencia a la labor empresarial, y verla como realmente es: un esfuerzo común, un pacto cotidiano entre capital y trabajo; que los líderes empresariales no se pretendan salvapatrias, que hablen menos del modelo de Estado que quieren, y un poco más de la responsabilidad social que están dispuestos a asumir, y que nadie les ha exigido nunca.