El PSE, dispuesto a abrir la reforma de la organización interna de Euskadi

El PSE-EE considera que ha llegado el momento de abrir, con prudencia pero también con determinación, el debate sobre la organización interna de la comunidad autónoma y las muchas carencias que ha revelado en sus 26 años de existencia, desde la aprobación en 1983 de la Ley de Territorios Históricos (LTH). Ese es el significado último de la formulación, contenida en la ponencia que hoy se debate, de la apuesta por "un fuerte e inédito desarrollo del autogobierno hacia adentro". Un desarrollo que complete el "despliegue" del Estatuto, en negociación con el Gobierno central. El procedimiento no puede ser otro que el abordaje de una revisión de la LTH, intocada e intocable, junto con la aprobación de la pendiente ley Municipal.

La ponencia aboga por abordar desde el consenso la reforma de la LTH

La breve referencia expresa a esa reforma en la ponencia base se verá concretada y ampliada hoy de modo notable por varias enmiendas, que harán de ella una de los pronunciamientos de más contenido del congreso, que presidirá la guipuzcoana Rafael Romero. De hecho, es uno de los apartados que más interés ha levantado y más aportaciones de adición ha recibido. La mayoría están encaminadas a concretar ese concepto de desarrollo interno del autogobierno y terminar con duplicidades competenciales o con las diferencias en servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos según el territorio donde vivan.

La dirección del PSE estima que su presencia en el Gobierno y el propio marco de crisis económica -esta última en la medida en que puede facilitar el acuerdo sobre la conveniencia de adelgazar las administraciones y su gasto corriente- son ahora palancas valiosas para impulsar esa reforma. La revisión de la LTH ha sido siempre esquivada por el PNV, ya que fue uno de los motivos de la escisión sufrida en 1986.

Ni los desajustes, choques o invasiones y duplicidades en el ejercicio de las competencias, ni los cambios acarreados por el desarrollo estatutario posterior a su aprobación o los provenientes de la incorporación a la UE fueron suficientes para que el partido gobernante hasta junio se atreviera con la tarea. Un estudio encargado por la Diputación alavesa hace cinco años y realizado por la UPV puso al descubierto muchas de las disfunciones y la incorrecta aplicación del modelo.

El resultado es un marco institucional inflado y la burocracia más densa y cara de todas las comunidades autónomas. Tanto que los especialistas académicos, incluidos destacados nacionalistas, creen que el modelo debería revisarse para adaptarlo a la dimensión del país y gestionarlo de un modo más eficiente.

La ponencia apunta la inexistencia de una "política nacional o de país", que los socialistas quieren formular, en la idea de que es necesario superponerla al modelo confederal y provincialista vigente. Si el congreso abre de verdad este debate, el Gobierno socialista tendrá que abordarlo con gran tiento y modulación. No en vano, la propia ponencia sitúa esa reforma como "un compromiso ineludible de todos los responsables políticos de Euskadi" y apela a la necesidad de acercarse a ella "desde el máximo consenso".

Conectada con esa búsqueda de una "política nacional o de país" el congreso busca hacer, con una visión de largo plazo, un pronunciamiento sobre la fiscalidad, no tanto con el objetivo de concretar una reforma, sino de fijar una posición firme y conjunta, con criterios unificados. En el terreno de la lucha contra el terrorismo, se sostiene que la sentencia de Estrasburgo sobre la Ley de Partidos abre un nuevo frente posible, el de la colaboración política, y distintas enmiendas apuntan algunas vías de plasmación de esa afirmación genérica.