Un ex cargo de la Xunta desoye una orden de derribo

El ex delegado de Medio Ambiente en Ourense durante el último mandato de Manuel Fraga, Agustín Prado Verdeal, ha hecho de su vivienda en la ciudad un bastión inexpugnable. Hace 10 años, la junta de gobierno municipal que presidía el alcalde popular Manuel Cabezas ordenara el derribo de una ampliación ilegal de la casa del entonces representante de la Xunta, afín al vicepresidente del Parlamento gallego, José Manuel Baltar Blanco. Ni la institución local ni el Juzgado orensano, que avaló la orden en sentencia firme, han conseguido el objetivo. Ni siquiera han logrado que el infractor recoja una notificación.

Prado Verdeal se atrinchera en su finca de Os Ponxos, en el barrio de O Polvorín, y no hay forma de entregarle un requerimiento relacionado con su infracción urbanística. Los policías locales han desistido. El ayuntamiento ha tenido que pedir órdenes judiciales para poder acceder a la parcela y, a su vez, el juzgado ha recurrido al Boletín Oficial de la Provincia para informar al infractor de que debe cumplir la sentencia.

"No hay manera de entregarle una notificación a Prado Verdeal", reconoce asombrado un miembro del actual gobierno municipal. Los policías locales que han intentado entregarle sucesivos requerimientos denuncian en sus partes que, pese a que lo identificaban perfectamente desde el otro lado de la verja, él negaba su identidad ("Yo no soy esa persona", consta en los informes que repetía). Y ante la insistencia de los emisarios, acababa "maldiciendo" al ayuntamiento "con gestos de desprecio, muy poca educación y echando a los perros".

Una década

Prado Verdeal gestionó el interés público al mismo tiempo que persistía en el incumplimiento de los acuerdos institucionales. Encastillado en su propiedad, el ex delegado de la Xunta sorteó la legislación durante una década y siguió en sus trece.

El expediente municipal de la infracción data del año 2000, cuando el entonces representante de la Xunta comenzó a ampliar su vivienda. Ese mismo año el gobierno municipal ordenó la demolición de la nueva construcción, "en zona ilegalizable", pero el infractor agotó los plazos y acabó recurriendo judicialmente. En 2001, la institución local ordenó la paralización de la obra y empezó a ponerle sanciones, de 1.000 euros en adelante, por no demoler lo construido.