El dedo dirige los hilos en Educación

La consejería otorga 4.000 comisiones de servicio, sin oír a equipos directivos

Las comisiones de servicio son un hecho "graciable" de la Consejería de Educación. Legalmente se conceden por "causas médicas y sociales", tanto personales como familiares. Pero no por proyectos pedagógicos. Cada año, el departamento que gestiona el 29% del presupuesto de la Generalitat otorga unas 4.000 comisiones de servicio (en julio se dieron 1.621 para funcionarios docentes de Primaria y otras 2.543 para los de Secundaria). Pero no se renovó ninguna de las cuatro comisiones de servicio solicitadas por la dirección del colegio público Fernando de los Ríos de Burjassot, pese a que habían sido confirmadas por el inspector de zona, en este caso ex presidente del Consejo Escolar Valenciano y también ex alcalde popular, Enrique Luján, que defendió en persona la renovación de las comisiones, porque el centro escolariza a niños con necesidades educativas especiales y en situaciones socioeconómicas desfavorables y, por tanto, necesita "continuidad" en el proyecto educativo.

La consejería frena las comisiones de servicio del colegio Fernando de los Ríos

"Nunca antes se había dado la circunstancia de que no se renovara automáticamente las peticiones de la dirección en un colegio catalogado como Centro de Acción Educativa Singular (CAES), donde por sus características, la cuarta parte de la plantilla total es rotativa. Es decir, que ocho de las 33 plazas docentes no salen a concurso público de traslados. Por tanto, si no se conceden en comisión de servicio no se ocupan", denuncia Sonsoles Giner Durán, una de las profesoras afectada por el relevo de compañeros en su equipo. "Hasta ahora la consejería siempre había renovado las peticiones del centro, de forma consensuada con la dirección y la inspección".

Pero, las movilizaciones y las protestas educativas que tensaron las relaciones entre la Administración educativa, que dirigen al alimón el consejero Alejandro Font de Mora y su número dos Concha Gómez, recurrieron de forma sistemática a la inspección educativa como instrumento de control de los equipos directivos, opina Guillermo Martí, secretario general de la federación de enseñanza de UGT.

Con estos mimbres, en julio "se detectaron problemas con comisiones de servicio en personas que hicieron la huelga. Pero también en otras que no se significaron políticamente". Aunque el sindicato mantiene la "sospecha" de que "se han bloqueado determinadas comisiones de servicio a consecuencia del seguimiento de la huelga general de la enseñanza no universitaria del 28-A", añade Javier González Zurita, de la ejecutiva de Martí.

"No es posible que no se convoque a oposición un número de plazas suficiente o no salgan todas las vacantes al concurso general de traslados, y luego la consejería otorgue graciosamente más de 4.000 comisiones de servicio". Este "abuso" ha sido denunciado en los tribunales por el sindicato en el caso de los sucesivos nombramientos digitales del cuerpo autonómico de inspectores. En este momento el 69,3% de la inspección ha sido seleccionada a dedo en comisión de servicios.

Pero, ¿qué dedo mueve los hilos en la Consejería de Educación? Al parecer hay uno o más de uno, y de "muy alto rango". Según las fuentes consultadas, el otrora influyente ex presidente del CEV no pudo hacer nada en julio para renovar las cuatro comisiones de servicio solicitadas por el CP Fernando de los Ríos. Los técnicos de la consejería, entre ellos el anterior jefe de Área de Personal, Julio Gómez, -que fue relevado de su cargo poco después- no pudieron hacer nada para "desbloquear" la situación, según fuentes sindicales. Fueron tres días de negociación, donde la dirección y el inspector fueron de despacho en despacho, sin éxito.

"A la hora de consultar las bajas en el ordenador, determinadas comisiones de servicio aparecían bloqueadas y en rojo. Así que hubo casos marcados en rojo", confirman fuentes sindicales, que trabajaron con los técnicos. El ex jefe de Área de Personal simplemente señaló que: "Los cuatro expedientes no están iniciados. No tiene solución, son órdenes de arriba".

"A mí me han quitado la compañera con la que he trabajado durante 4 años en un proyecto de aprendizaje de expresión oral y escrita con niños de 1º y 2º", explica Sonsoles. "Lo más fuerte es que no pueda haber continuidad en los proyectos educativos: ni por parte de los profesores implicados, ni por parte de los niños que tienen mayores dificultades para el aprendizaje".

Cuatro profesoras del centro, Sonsoles Giner, Lucía Chaveli, Ana March y Ana Barberá se preguntan ahora en un comunicado público: "Nos gustaría saber qué piensa el consejero. ¿Cuál es el criterio para adjudicar comisiones en los centros CAES? ¿Por qué no se adjudican estas plazas en el concurso de traslados? Realmente, ¿le importa la calidad de la escuela pública y la función compensatoria de ésta en los Barrios de Acción Preferente, como éste?".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 28 de septiembre de 2009.

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