La crisis golpea el patrimonio de las grandes fortunas

La crisis ha encendido la luz roja en las sociedades de inversión que emplean las grandes fortunas gallegas para operar con fuertes rebajas fiscales, que si nada cambia, saldrán ilesas de la gran reforma reforma tributaria que ayer presentó el Gobierno.

El patrimonio gestionado por 33 de las principales Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), de multimillonarios gallegos se ha rebajado en nada menos que 741 millones de euros desde que comenzó la crisis, una caída de algo más del 32%.

Estas empresas, que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades frente al habitual del 30%, disponen actualmente de un patrimonio conjunto de 1.560 millones de euros, según datos de junio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el organismo que las controla y regula. Esta suma equivale, por ejemplo, a algo más del 13% de todo el presupuesto que manejará la Xunta en este ejercicio.

El universo Inditex fue el gran generador de recursos

El patrimonio que reúnen en toda España es de 24.601 millones de euros

Hace dos años, las Sicav con sello gallego llegaron a gestionar 2.300 millones de euros.

La gran sacudida en el patrimonio de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) gallegas llegó con la crisis y el batacazo bursátil de 2008. Hasta ese momento, es decir, al cierre del 2007, estos vehículos inversores favoritos de los empresarios por sus ventajas fiscales acumulaban un patrimonio conjunto de 2.302 millones de euros.

¿Cuál es el principal motivo de esta caída? La crisis y sus consecuencias, sobre todo en la Bolsa, según los asesores fiscales. De acuerdo con su explicación, "la exposición que en productos de renta variable de alto riesgo y muy volátiles, que generaban grandes rentabilidades en los buenos momentos, se ha reconducido a inversiones más seguras, como pueden ser grandes valores de cierta estabilidad que garanticen un dividendo, en los que sabes que no vas a perder el dinero", dicen. La renta fija, es decir, bonos, pagarés y otros productos financieros emitidos por el Estado, es otro de los destinos de los empresarios para asegurar un mínimo de rentabilidad, "que sobre todo no te da sustos", según los gestores de Sicav de las fortunas gallegas.

Según datos de la consultora VDOS Stochastics, el patrimonio total que manejan las Sicav en España al cierre del segundo trimestre aumentó un 8% con respecto al volumen total contabilizado en los primeros seis meses del año, quedando en 24.601 millones de euros. De esos fondos, el 6,34% pertenece a las 33 sociedades de inversores gallegos.

La clasificación por fondos acumulados continúa liderada por Morinvest, de Alicia Koplowitz, con 408 millones de euros, seguida de Allocation, de la familia del Pino (propietarios de Ferrovial y accionistas del Banco Pastor), con 361 millones, y Keblar de Inversiones, de Amancio Ortega, con un patrimonio total gestionado de 307,2 millones de euros. Esta es la primera Sicav gallega, seguida de Soandres de Activos, de su ex mujer Rosalía Mera, con 285,6 millones de patrimonio en el primer semestre.

El dinero invertido tiene orígenes similares: salidas a Bolsa, ventas de empresas e incluso separaciones matrimoniales. Entre las primeras se encuentran Inditex y Transportes Azkar, ésta última presidida por Luis Fernández Somoza.

Entre las enajenaciones de empresas están los casos de la venta de Fadesa por parte del empresario Manuel Jove, la de Corporación Noroeste a Cimpor por una rama de la familia propietaria, los Fernández Puentes, o la de sus negocios navieros por parte de Fernando Fernández Tapias.

El universo Inditex es de largo el gran generador de recursos destinados a las Sicav. Algo más de 1.030 millones de euros llevan el sello de la matriz de Zara y de todos aquellos que rodearon a Ortega desde el principio. Es el caso de su ex mujer, Rosalía Mera (accionista de tres sociedades, una de ellas reconvertida en S. L. en junio); su hermana Josefa Ortega (de otras tres); el matrimonio compuesto por su sobrina Dolores y el ex director general Juan Carlos Rodríguez Cebrián (dos), así como por el ex vicepresidente y ex consejero delegado José María Castellano, con otras dos.

En algunos casos, como el de Bolshispania, Josefa Ortega es la principal inversora y su participación se remonta a la década de los noventa. Entre sus socios se encuentra el Banco Pastor, que controla un 15% del capital, según confirman fuentes de la entidad.

Algo similar sucede con otras Sicav de empresarios gallegos. En algunos casos los partícipes son entidades financieras. José Silveira, presidente del grupo naviero Nosa Terra (Elcano y Remolcanosa), así como propietario de Povisa, figura en la sociedad Títulos Galicia 1, de la que fue accionista Caixanova hasta hace dos años.

Pese a la pérdida de patrimonio que han sufrido estas empresas, los accionistas las siguen viendo como la mejor fórmula para gestionar su fortuna. "Su objeto es captar fondos para invertirlos", explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la facultad de Ciencias Empresariales de Vigo y experto en fiscalidad. "Están compuestas por una cesta de valores mobiliarios y otros activos financieros que permiten compensar los cambios de valor de los elementos que las forman", aclara.

Si tienen más de cien accionistas, pagan sólo el 1% en el Impuesto de Sociedades (el tipo general en España es del 30%). La transmisión de los títulos da lugar a ganancias y pérdidas patrimoniales que abonan el 18% en concepto de IRPF, igual que los dividendos que reparten.

Vaquero explica que tienen otras ventajas fiscales, como que "en la constitución, aumento de capital, fusión y escisión disfrutan de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales".

Por su naturaleza han despertado todo tipo de recelos. De hecho, una de las reivindicaciones históricas de los inspectores de Hacienda es volver a recuperar el control de las Sicav, transferido en 2005 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta decisión frustró el resultado de una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria entre 2003 y 2004.

De aquella actuación se levantaron actas en casi 500 Sicav en España. El fraude denunciado por los inspectores alcanzaba la cifra de 60 millones de euros, pero sus actas no prosperaron tras la reforma de 2005, que pasó desapercibida en el Parlamento por aprobarse el mismo día que el matrimonio homosexual.