El PNV se desmarca de la petición de una auditoría oficial del 'caso Margüello'

El pasado mes de julio, el PNV aseguraba que no iba a escatimar esfuerzos para llegar hasta el final en el caso Margüello, la supuesta trama de contrataciones irregulares que realizó Osakidetza durante la última década y a la que da nombre el ex jefe de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Sin embargo, a las primeras de cambio ha dado marcha atrás. El Parlamento aprobó ayer una proposición no de ley suscrita por socialistas y populares por la que la Cámara solicita al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la fiscalización urgente de las contrataciones que ha realizado Osakidetza en la última década con las empresas relacionadas con la trama. La intención es determinar si durante el mandato del anterior consejero de Sanidad, el peneuvista Gabriel Inclán, se cumplió la legalidad en todos los procesos de contratación. El PNV se desmarcó de esa petición y se abstuvo en la votación final.

"PSE y PP quieren teledirigir al Tribunal de Cuentas", critican los nacionalistas

¿Por qué este aparente cambio de línea? La parlamentaria del PNV que ejerció como portavoz en el debate, Nerea Antia, justificó la abstención porque la proposición aprobada no busca sólo que el Tribunal de Cuentas haga un informe sobre las supuestas irregularidades denunciadas por Sanidad, sino que "el objetivo es que refrende las conclusiones que PSE y PP ya han extraído".

Antia apuntó que el texto aprobado acota de tal manera el trabajo que debe hacer el Tribunal y hacia dónde debe dirigir su foco que "prejuzga" y "teledirige" la labor del órgano fiscalizador. Todo ello enmarcado en una "campaña mediática" de "acoso y derribo a los anteriores responsables de Sanidad", todos peneuvistas. La parlamentaria abogó por esperar a que Sanidad elabore su informe definitivo antes de recurrir al Tribunal.

Las graves irregularidades descubiertas en la adjudicación de contratos realizada por el anterior departamento y que habrían supuesto un perjuicio millonario para las arcas públicas ha colocado en el disparadero la gestión sanitaria de los peneuvistas. La investigación realizada por el equipo del nuevo consejero, Rafael Bengoa, ha destapado el pago de sobrecostes excesivos y no justificados en las tarifas que se abonaron a varias empresas privadas en las que tenían intereses Margüello y otros dos médicos del sistema público.

Frente a las críticas de Antia, el PSE y el PP mantuvieron que no es necesario esperar al informe definitivo de Sanidad para pedir la auditoría. La socialista Blanca Roncal puntualizó que "la fiscalización debe servir como un instrumento de trabajo a la futura comisión de investigación", que se creará en el Parlamento en los próximos meses. "Cuanto antes lo pidamos, más posibilidades hay que de que llegue a tiempo", remató. Mientras, Laura Garrido del PP, rechazó que la propuesta acote el trabajo del órgano auditor. "Otras veces nos hemos encontrado con que el Tribunal de Cuentas nos ha pedido que acotemos el objeto de la auditoría, lo que realmente interesa a los partidos. Lo único que hemos hecho es señalar lo que necesitamos", destacó.

UPyD votó a favor, mientras que Aralar, EA y EB se abstuvieron. Todos están de acuerdo en que se cree la comisión de investigación.