La oposición recibe en pie de guerra la llegada a la Asamblea de la ley de la Cañada

El proyecto de ley de la Cañada Real Galiana ya está aprobado y remitido a la Asamblea, según anunció ayer el vicepresidente regional, Ignacio González, que recalcó el "compromiso de consenso" con el que el Ejecutivo quiere aprobar la ley.

Pero los grupos parlamentarios de la oposición, PSM e IU, no parecen dispuestos a ponerlo fácil y auguran que el debate será bronco. El escollo fundamental es el que esgrimieron el pasado 7 de septiembre los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, por cuyos términos municipales discurre la Cañada Real. Es el punto tercero de la ley, que establece que en un plazo de dos años se puede vender el suelo de la vía sin un acuerdo social previo. Y han pedido que se retire.

Los dos grupos presentarán una enmienda para modificar este precepto. "Ya nos avisó la consejera [Anabel Mariño] de que no cambiaría una coma en el texto", recordó ayer la diputada de IU, Reyes Montiel, que mantiene que su grupo no está dispuesto a aceptar este precepto.

El diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo tampoco admite el punto de la discordia. En su caso, recuerda que los socialistas presentaron un texto de ley para la Cañada Real alternativo -con 15 artículos, 4 disposiciones transitorias y 2 adicionales- que establece un "plan integral que actúe en el eje medioambiental, el social y el urbanístico".

Los dos diputados están en contra de desafectar la Cañada antes de buscar una solución a los asentamientos. "Hay que intervenir antes de que deje de ser bien de dominio público; después será difícil", afirmó Gordillo. "Porque la ley deja la responsabilidad a los ayuntamientos", zanja la diputada de IU.