Dos detenidos en las obras de la marina de Cangas

Varios camiones volvieron a primera hora de ayer a la zona de obras del puerto deportivo de Cangas, ignorando las señales de tráfico que les prohíben el paso por O Salgueirón, la finca que que fue de la conservera Massó Hermanos. Un grupo de vecinos, en una secuencia que se ha hecho ya habitual, trató de impedirles la circulación y de obstruir las obras en presencia de la Guardia Civil, que permitía el tránsito de los vehículos. El ambiente se fue caldeando hasta que, poco después de las 13 horas, fueron detenidos dos de los manifestantes, marineros ambos, hermanos y vecinos de Cangas, que permanecieron detenidos en el cuartel de la Guardia Civil hasta última hora de la tarde. Se les acusa de desorden público y coacciones.

El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, criticó la "virulencia y brutalidad" con que, a su juicio, actuaron las fuerzas de seguridad, y destacó que los arrestos se efectuaron cuando "la cosa estaba ya tranquila". "Parece que había orden de hacer detenciones", afirmó, y recordó que los camiones "estaban vulnerando" la prohibición de las señales de tráfico.

Las fuerzas de seguridad están obligadas a proteger el desarrollo de las obras siempre que lo requiera la empresa que las ejecuta (Puentes y Calzadas), afirma un auto judicial que la Subdelegación del Gobierno ha de acatar, según citaron fuentes de la misma al hilo de anteriores incidentes.

En el frente judicial de este conflicto, cuya causa principal espera sentencia del Tribunal Superior de Xustiza desde hace cuatro años, se ha abierto otro foco con la admisión a trámite, por parte de la Fiscalía de Pontevedra, de la denuncia presentada por la cofradía de pescadores contra la Alcaldía de Cangas por no paralizar las obras que se realizan en tierra sin la preceptiva licencia municipal. La alcaldesa, Clara Millán (BNG), ampara su inhibición en un informe de la secretaria municipal que invoca diversas leyes, pero soslaya algún artículo determinante de las mismas y la ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general (2003), que contradicen su proceder.