Derechos perdidos y promesas incumplidas

Los ciudadanos gallegos recordamos los compromisos electorales de quien hoy preside la Xunta. Aumentar servicios e inversión a la vez que rebajar impuestos para que gallegos y gallegas mantuviésemos, en tiempos de crisis, mayor capacidad de gasto. Sin embargo, el cuento de la lechera terminó tras el éxito electoral. El presidente Feijóo, disminuyó la capacidad económica de las familias al eliminar la gratuidad de los libros de texto, paralizó la inversión pública y acaba de anunciar un drástico recorte en el presupuesto de 2010. No obstante, a pesar de la caída de los ingresos fiscales, Feijóo dio luz verde a una modificación fiscal que resulta escasa, inoportuna y regresiva. Así remitió al Parlamento el anteproyecto de rebaja de los Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y de Actos Jurídicos Documentados para menores de 36 años y familias numerosas que adquieran su vivienda habitual.

La Xunta otorga rebajas fiscales al margen de la renta pero desmantela la gratuidad total de los libros

Esta reforma fiscal supone, en la compra de una vivienda nueva de 180.000 euros, un ahorro respecto a la situación actual de 810 euros o 1.260 euros, según se trate del acceso a la primera vivienda o que la compra se realice disponiendo de antemano de una residencia en propiedad. Esta propuesta es, por tanto, regresiva al beneficiar un 55% más a quien ya es propietario que a quien compra su primera vivienda, y exigua si la comparamos con las ayudas de más de 2.000 euros a la compra de vehículos. También es inoportuna ya que estimula en menor medida la salida al mercado de vivienda nueva que la adquisición de vivienda usada que presenta, con esta reforma, un ahorro fiscal de 5.400 euros.

Este beneficio fiscal es independiente de la renta y aumenta en función del precio de la vivienda, por lo que pueden resultar beneficiadas familias con ingresos muy superiores a las que hoy se ven obligadas a comprar los libros de sus hijos. Resulta, cuando menos chocante, que familias no tengan derecho a libros gratis por superar los 600 euros mensuales por progenitor, mientras se puede obtener un ahorro fiscal para compra de vivienda usada que puede superar los 5.400 euros independientemente del nivel de ingresos. El resultado de esta reforma fiscal regresiva es una reducción de ingresos anual de 7 millones de euros que, según las estimaciones de la propia Xunta, beneficiarán a menos de 7.000 familias. Muy lejos del contrato electoral del presidente que comprometía rebajas fiscales inmediatas de más de 100 millones de euros y para más de 600.000 beneficiarios directos.

Esta medida pone de manifiesto la doble moral de la Xunta, dispuesta a otorgar rebajas fiscales con independencia del nivel de ingresos, al mismo tiempo que desmantela la gratuidad universal de los libros bajo pretexto de concentrar los recursos públicos en quien más lo necesita. Sin embargo, además de eliminar derechos, la nueva política educativa demuestra la falsa austeridad del Gobierno y el abandono de las familias ante la crisis. Así, mientras el modelo de gratuidad universal consolida el derecho a la educación, fomenta el respeto y cuidado de los bienes públicos y deja más recursos en manos de las familias, el modelo de beneficencia de Feijóo es un 25% más caro para la Xunta, impone un nuevo impuesto al condenar al 75% de las familias a pagar los libros y, obviamente, no mejora el rendimiento académico.

Ante el escenario de drástico recorte presupuestario, es imprescindible garantizar servicios públicos de calidad, mantener la inversión productiva y paliar las dificultades por las que atraviesan familias y empresas. El Gobierno debe ayudar a todas las familias de rentas medias y bajas a acceder a una vivienda mejorando la oferta de vivienda protegida, facilitando el acceso y el pago de los préstamos hipotecarios o apoyando al alquiler. El presidente Feijóo debería olvidar la demagogia, reformular esta reforma e implantar de nuevo la gratuidad de los libros de texto de la que se beneficiaban todas las familias de los más de 220.000 alumnos gallegos.

La sociedad gallega necesita que la Xunta asuma su responsabilidad de gobierno, rectifique la parálisis en la que vive instalada y no destruya el pilar de nuestro progreso futuro, la educación. El Gobierno gallego debe cambiar de actitud y, por el bien de Galicia, dejar de mirar a la galería y empezar a trabajar para la mayoría.

María José Caride es portavoz de Economía del PSdeG en el Parlamento