La rebaja del bono infantil agrava las finanzas de los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer es titular de una escuela infantil de 0 a 3 años, homologada y subvencionada por la Consejería de Educación. Polinyà, explica su alcalde, Vicente Navarro Torres, "tiene unos 2.500 habitantes y un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros anuales, del cual, un 3% es para cubrir el déficit de su escuela infantil". El recorte del 25% del precio del bono infantil nominal (para cada niño) operada en septiembre por la Generalitat, a través de la Consejería de Educación, ha generado un "agujero" en las arcas municipales de 8,065 millones y de 21,6, en el caso de las guarderías privadas, que triplican a las públicas. De manera que 6.847 niños escolarizados en la red municipal y 18.700 que lo hacen el la privada, según un informe del PSPV, tendrán que pagar al año entre 423 euros más en las municipales o hasta 723 en las privadas.

El recorte genera un agujero en las arcas municipales de 8 millones de euros

Sanmartín: "Con 90 millones de la fórmula, 1 habría 80 escuelas más"

Como Navarro (EU), un centenar de alcaldes que gestionan en conjunto 127 escuelas infantiles municipales se "desayunaron" el 8 de septiembre -el mismo día que iniciaba el curso escolar en Infantil y Primaria- con la tristemente famosa circular de Francisco Baila, director General de Ordenación y Centros Docentes, que recorta hasta una cuarta parte de ayuda del bono infantil, resume Blanca González, la edil de Educación del Ayuntamiento socialista de Elche.

La medida se hizo de forma "unilateral", con nocturnidad y alevosía, según confirman varios alcaldes entrevistados de todos los colores políticos, incluido el PP, y las dos patronales de escuelas infantiles privadas: Acade, con sede en Madrid, y la asociación de cooperativas de la enseñanza Fevecta, en Valencia.

"En tiempos de crisis", la mayoría de ayuntamientos ha optado por "cubrir el desfase con presupuesto propio, para evitar que se encarezca aún más el precio de la guardería para las familias". Es lo que han hecho Navarro, de Esquerra Unida (EU), en el pequeño municipio de Polinyà o el Ayuntamiento de Benicàssim, de tamaño medio; o el de Elche, con cinco escuelas infantiles de titularidad municipal.

Con el precio máximo del bono publicado por la consejería en el DOCV el 14 de abril y autorizado, los padres de Polinyà tendrían que pagar 57, según reza "la factura informativa para las familias" que firmaron en junio cada uno de los solicitantes de una plaza pública de infantil de primer ciclo. Con el cambio, el coste sube en unos 40 euros más, que cubrirá el Ayuntamiento.

En Elche, añade González, "el Ayuntamiento también financiará la diferencia". Además, de que "los ayuntamientos se hacen cargo del mantenimiento, la contratación de personal y el material escolar, sin que nadie de la consejería avisara de nada".

En general, buena parte de los alcaldes se han dirigido, de forma individual, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para que medie en el asunto y autorice a la Consejería de Hacienda una modificación presupuestaria que reponga la partida recortada. Hoy Navarro, propondrá lo mismo en la junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), con la finalidad de que los ayuntamientos puedan enfrentar la crisis sin recortes sociales.

El portavoz de Educación del PSPV en las Cortes, Adolf Sanmartín, considera que "aparte de delatar una falta de planificación sin precedentes y una nula voluntad política por fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, demuestra claramente las prioridades de Camps: con casi los 90 millones de euros invertidos en el canon de la fórmula 1, se hubiesen podido construir 80 escuelas infantiles". Pero "el Consell ha renunciado al Plan Educa 3", que todas las comunidades del PP y el resto ya han puesto en marcha, poniendo en el mercado 98.000 plazas más.