El vacío legal permite grandes infraestructuras en suelo protegido

Islas Cíes, 2015. Un enorme parque eólico se apodera de las montañas del Parque Nacional. ¿Ciencia-ficción? "Con la actual reglamentación, no", contesta con determinación Martiño Fiz, coordinador de la organización ecologista Adega. La razón es un vacío legal, el mismo que permitirá a Pescanova ocupar 360.000 metros cuadrados de Red Natura en Cabo Touriñán o a Iberdrola desecar este verano con reiteración el río Sil, a la altura de sus imponentes cañones. No hay espacio protegido en Galicia que cuente con el necesario reglamento que lo desarrolle. Así las cosas, la instalación de infraestructuras agresivas queda a la libre interpretación del Gobierno de turno. "Y ya sabemos cómo interpreta Feijóo".

Ningún suelo sensible cuenta con un plan de uso que lo desarrolle

Las actividades en zonas protegidas sólo dependen del criterio de la Xunta

Un dato revela el desinterés de las autoridades gallegas por la protección ambiental: sólo el 11,6% del territorio de Galicia está integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y únicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garantías de amparo son menores. Sólo así se explica que en territorios sujetos a la Directiva del Hábitat de la UE se hayan instalado de parques eólicos a centrales eléctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de Sálvora, en aguas del Parque Illas Atlánticas.

La legislación ambiental exige a las comunidades autónomas que desarrollen la protección de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservación da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificación. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). "Se aprobarán en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido", resuelve la ley. Ocho años después de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. Así, ni Illas Atlánticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un sólo metro cuadrado de la Red Natura está bajo su paraguas.

El caso de Iberdrola en el Sil ilustra mejor que ningún otro la importancia del citado plan, en el que se deben detallar -y justificar- las actividades permitidas, las zonas autorizadas y las medidas compensatorias. De no existir, toda obra queda a expensas de una simple autorización administrativa. En respuesta a las protestas que provocó el vaciado de la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que la ausencia del PRUX dejó el río desamparado. Otras 13 centrales eléctricas más están en lista de espera en el Sil.

La declaración de Red Natura y su posterior planificación ponen a Galicia a la cola de la cola. Andalucía, una comunidad con un potencial eólico similar al gallego, ronda el 30% de superficie declarada. Sólo los molinos más próximos al Estrecho han suscitado polémica con los ecologistas. Científicos españoles y portugueses han revisado las normativas relativas a la protección de espacios de la Red Natura en España. El estudio, publicado este año en una revista científica, revela que el 50% de la superficie estatal no está del todo protegida, un porcentaje que ya quisieran los ecologistas gallegos.

Lejos de proteger el territorio, la Administración de Fraga se cuidó de blindar el negocio. En la reforma de la Lei do Solo de 2004, "de tapadillo", según la socialista Carmen Gallego, la Xunta autorizó la instalación de plantas acuícolas en suelo rústico protegido. Un año más tarde, un Consello del Ejecutivo en funciones daba luz verde entre otras a la de Touriñán, después anulada por el bipartito. El Gobierno gallego ya venía autorizando granjas acuícolas en Red Natura, pero quería "allanar el terreno a la de Touriñán", acusa Gallego, ex conselleira de Pesca. En virtud de la misma modificación, Pescanova podrá edificar sobre el 40% de la superficie de su finca, en lugar del 20% que rige para el resto de construcciones en suelo protegido. El conselleiro de Política Territorial se llamaba Alberto Núñez Feijóo.

Uno de los objetivos del bipartito consistió en elevar ese deshonroso 11,6% de superficie de Red Natura. No lo logró. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentó un proyecto para incrementarla en un 50% que resultó fallido. Sí prohibió las piscifactorías en los ámbitos acogidos a la Directiva Hábitat de la Unión Europea, una decisión que el PP ha convertido en papel mojado. También aprobó el anterior Gobierno un decreto eólico que impedía instalar nuevos parques eólicos en Red Natura. Su suspensión por el nuevo Gobierno gallego hace que, en la actualidad, cualquier empresa pueda proponer la ubicación de molinos donde le convenga. Por ejemplo, en las islas Cíes.

Eólicos al margen, el Gobierno de Feijóo ha empezado por segregar las competencias sobre espacios protegidos del área de Medio Ambiente. Su gestión pertenece ahora a la Consellería de Medio Rural, que ya no se atreve a prometer porcentajes de ampliación de la Red Natura como hicieran sus antecesores. En todo caso, el departamento de Samuel Juárez prevé incrementar los espacios de la red europea en dos fases. En una primera, para cumplir "las exigencias de la UE". La segunda, más compleja, consistente en buscar nuevos ámbitos de protección, "requerirá más tiempo", advierte una portavoz de la consellería. "Sobre un año", avanza.

Mientras Medio Rural pide tiempo, Medio Ambiente explica sus criterios de actuación. Las piscifactorías, por ejemplo, son un uso "autorizable" en Red Natura, como lo son las autovías o las depuradoras, "pero con criterios restrictivos". "Se puede construir una planta de acuicultura en Red Natura, pero no de cualquier manera; eso es lo que la consellería va a promover", explica un portavoz de la consellería. Contra el revuelo que esa política pueda ocasionar, el departamento de Agustín Hernández parece vacunado. "Las críticas ecologistas son inevitables, pero la Administración debe velar por el bien común".