Los jueces andaluces se revuelven por el recorte en el uso de taxis

La tensa relación que mantienen los jueces y la Junta de Andalucía sufrió ayer su enésimo capítulo. A principios de septiembre, la Consejería de Justicia decidió entregar un bonobús a cada funcionario del servicio de notificaciones y suprimir el uso de taxis por el drástico plan de recorte de gasto. Ayer, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez, amenazó con suspender las comunicaciones con la cárcel desde hoy si no se ponía remedio al retraso generado. La Administración reculó y horas después confirmó que los servicios de taxis a la prisión se mantendrán debido a la ausencia de transporte público.

La supresión del uso de taxis ha provocado que notificaciones como ingresos en prisión y órdenes de alejamiento se reduzcan al 30% de su ritmo habitual. Ante la amenaza de colapso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado un informe a Augusto Méndez de Lugo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un funcionario que realizaba 35 diligencias al día ahora hace 10

La Junta prevé ahorrar dos millones gracias al plan de austeridad y destinar el dinero a generar 40 empleos en los juzgados de Familia. Pero este ahorro ha supuesto sólo en 15 días que más de 2.000 notificaciones y 500 embargos estén pendientes de entrega sólo en la capital andaluza. "Es una calamidad. Si un funcionario hacía 35 diligencias al día, ahora sólo llega a 10. No se puede pasar de 20 taxis a cero y creo que entrarán en razón", lamentó María Isabel Aznar, secretaria del Servicio Común de Notificaciones.

Para llegar a ciertas zonas del extrarradio sevillano, los funcionarios judiciales deben realizar hasta tres transbordos en autobús. Además, 22 pueblos dependen del partido judicial de la capital andaluza.

Si no se restauran los taxis, el juez decano ha pedido a la consejería que dote al juzgado de guardia de un vehículo preferente para poder practicar las diligencias necesarias. En una misiva, Jiménez advierte de "la gravedad de la situación" al TSJA, a la consejería, a la Fiscalía y al delegado del Gobierno, entre otros.

La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, defendió su apuesta por la "austeridad" para "reorganizar" las notificaciones. "El taxi acompaña al funcionario toda la mañana y hay que dotar al servicio de mayor eficacia", explicó. El sindicato CC OO abogó por la incorporación de 10 funcionarios que desatasquen el servicio, así como el mantenimiento de los taxis para las zonas especialmente conflictivas.

La medida está pendiente de instaurarse en las otras siete provincias andaluzas. Mientras en Málaga se aplica ya un plan de recorte con rutas y para que los funcionarios compartan los taxis, en Huelva la Junta se ha comprometido con los taxistas onubenses a pagar "de inmediato" la deuda de 30.000 euros contraída sólo en 2009.