El proyecto de la Ley de Aguas sortea el filtro del Consejo Consultivo

La futura Ley de Aguas -que el Gobierno autonómico pretende llevar al Parlamento este mes de octubre pese a la oposición de los regantes- sorteó ayer el filtro del Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano asesor de la Junta. La futura ley recibió el "respaldo unánime de todos los miembros" del Consejo Consultivo, según informó este organismo a través de una nota de prensa. Sin embargo, este órgano también comunicó que tres consejeros formularon votos particulares para lograr una "mejora técnica de la ley".

La Consejería de Medio Ambiente aseguró ayer que "las observaciones de técnica legislativa" serán asumidas en el texto definitivo del anteproyecto. La norma debe ser aprobada ahora por el Consejo de Gobierno. Está previsto que pase al Parlamento autonómico en octubre. Medio Ambiente informó de que la norma "estará aprobada coincidiendo con el aniversario de la asunción de todas las competencias" por parte de la Junta en materia de aguas, es decir, para el próximo 1 de enero.

Asaja sostiene que el dictamen es una "manipulación política"

Sobre la futura Ley de Aguas pesa la sombra de la inconstitucionalidad después del informe presentado por la organización agraria Asaja a principios de este mes. El estudio, elaborado por el catedrático Javier Pérez Royo, planteaba dudas, entre otros asuntos, sobre las concesiones administrativas.

El dictamen de Consejo Consultivo considera "plenamente constitucional el orden de preferencias en los aprovechamientos de aguas y la exigencia de autorización para cualquier tipo de aprovechamiento, en función del interés general y de la protección medioambiental".

Respecto a los votos particulares emitidos por tres de los miembros de este órgano, se trata de los reparos que ponen a la regulación de las comunidades de usuarios y a la "exigencia de autorización para caudales subterráneos de menos de 7.000 metros cúbicos".

También plantean que puede ser ilegal que se abra la "posibilidad de que haya cesiones de aprovechamientos entre particulares que no sean usuarios", ya que se abriría la posibilidad a actividades especulativas. Además, se pide que "se concreten algunos aspectos técnicos del régimen de sanciones".

La Consejería de Medio Ambiente valoró ayer el dictamen del Consejo Consultivo. Por su parte, la organización Asaja cargó contra de la decisión de este órgano de hacer pública su postura a través de una nota de prensa, que calificó de "cortina de humo". Asaja mostró su "repulsa por la manipulación política que supone esta filtración interesada, previa incluso a la redacción de los votos particulares y a la publicación del propio dictamen".

Esta asociación agraria sostuvo que, cuando se conozca el dictamen, "se comprobará que la nota emitida por el presidente del consejo es sólo una cortina de humo para escapar de la presión del Gobierno andaluz, que se encuentra contra las cuerdas en su obcecación por sacar adelante como sea esta pésima e ilegal ley". Según Asaja, el propio gabinete jurídico de la Junta ha mostrado reparos recientemente. Esta organización dijo no entender la "evidente pérdida de papeles" del presidente, José Antonio Griñán, en este asunto.