Chaves compromete el "despliegue" del Estatuto según el informe Zubia
López cifra en "más o menos" 300 millones el traspaso del antiguo Inem
El Informe Zubia, elaborado en 1993 por el hoy senador autonómico del PNV, Joseba Zubia, y el acuerdo unánime del Parlamento vasco en 1995, serán la base sobre la que vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, oficializó ayer "el compromiso firme del Gobierno de realizar el despliegue del Estatuto".
El primer documento fijaba en 58 las transferencias pendientes, y dos años después el Parlamento vasco las dejó en 38. Según fuentes del Gobierno quedarán por transferir una treintena. "El Estatuto de Gernika forma parte del bloque de constitucionalidad, lo que obliga tanto al Gobierno vasco como al de España", subrayó Manuel Chaves.
El vicepresidente tercero realizó esa declaración de intenciones ante el lehendakari, Patxi López, en la comparecencia conjunta que protagonizaron tras la primera reunión en doce años de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones. En ella se acordó convocar, previsiblemente para octubre o principios de noviembre, la Comisión Mixta de Transferencias, en la que se formalizará el "acuerdo básico", en palabras de López, alcanzado ayer para traspasar a Euskadi las políticas activas de empleo que ahora ejecuta el Gobierno central, a través del Servicio Público Estatal de Empleo, antiguo Inem.
El siguiente traspaso a Euskadi será la Inspección de Trabajo
El País Vasco era la última comunidad en gestionar las políticas activas
La metodología que se aplicará, aseguró el lehendakari, será la del Concierto Económico y el Cupo, salvo en las cuotas de la Seguridad Social, la reclamación de los gobiernos nacionalistas que impidió antes el acuerdo y que supondría la ruptura de la caja única. "Todo lo demás", dijo López, "será negociable con el 6,24% del Cupo" y la cantidad exacta se precisará "en los próximos días".
Chaves y López pusieron el acento en el acuerdo sobre esa vía del Concierto y el Cupo y no quisieron concretar la cuantificación económica, pero el lehendakari admitió que los 300 millones que se han barajado últimamente serán "más o menos", la cifra final. Con el traspaso a Euskadi, las 17 comunidades autónomas tendrán en sus manos esas competencias, resaltó Chaves. Se acaba con un "déficit" que había convertido a Euskadi en una "excepción retrasada" respecto del resto, condenándola a afrontar el desempleo provocado por la crisis con menos instrumentos que el resto.
La utilización del Informe Zubia y de los acuerdos del Parlamento vasco como base del desarrollo estatutario en su conjunto y del Concierto Económico y el Cupo como metodología en el cálculo de la cuantía económica de las políticas activas de empleo pondrá más difícil al PNV la acusación de "mercancía averiada" al traspaso.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo ayer que su partido espera a ver el cómo y el cuánto de la transferencia.
El lehendakari no quiso precisar cuántas de las materias del Informe Zubia quedan eliminadas del debe del ejecutivo central a Euskadi, pero otras fuentes del Gobierno las cifran en siete. Es decir, quedarían unas treinta pendientes.
Una vez materializado este primer traspaso relacionado con el empleo que el Gobierno vasco ya da pasos para ejercer desde el 1 de enero, ambas administraciones abordarán el de la Inspección de Trabajo y la prestación, mediante convenio, de los servicios docentes y de salud en las prisiones.
Comisión consolidada
La Comisión Bilateral reunida ayer quedó consolidada como el marco estable de la coordinación "permanente" entre ambos gobiernos. Se constituyó en 1987 y sólo se ha reunido 7 veces, la última hace doce años, recordó el lehendakari. Ayer quedó fijada la siguiente, a fin de año o principios de 2010. La Comisión analizó los 28 convenios vigentes entre las dos administraciones, sufragados con 12,3 millones de las arcas del Estado y 4 de las autonómicas. Esa vía será más utilizada en adelante, porque resulta "particularmente idónea" como instrumento "flexible" de colaboración, dijo López. También repasó los litigios judiciales y competencias pendientes y acordó el intercambio recíproco previo de los proyectos de ley para evitar controversias posteriores en los tribunales. Se constituyeron cuatro grupos de trabajo: uno para la Unión Europea y el Consejo de ministros europeo sobre Competitividad, que se celebrará en San Sebastián durante la presidencia española, otro para el seguimiento de las infraestructuras del Estado en Euskadi, en particular el TAV, un tercero sobre innovación y otro para materializar la anticipación de la jubilación en la Ertzaintza.
