La Ley de la Dependencia estrena su tercer consejero sin despegar

La Ley de la Dependencia se ha convertido en un problema para el Gobierno valenciano. La Consejería de Bienestar Social, que es a la que corresponde desarrollar esta iniciativa del Gobierno central, está en el pelotón de cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre su aplicación. Y lo mismo ocurre en las clasificaciones que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La oposición ha denunciado reiteradamente que esta ley no se está aplicando con la misma eficacia y rigurosidad que en el resto de autonomías. El número de solicitudes de la Comunidad Valenciana es muy reducido en comparación al total español, como también lo es el de las familias valencianas con un dependiente que cuentan con un cuidador del propio núcleo familiar. Asimismo, las personas con discapacidad han criticado la lentitud y las dificultades que entraña la aplicación de la ley.

Bienestar Social siempre lo justifica en la falta de fondos aportados por el Gobierno central para sacar adelante la ley y en el empleo por parte de la consejería de un programa informático diferente del estandarizado por parte del ministerio, lo que provocaría un desfase en su actividad real.

Pero, además, Bienestar Social ha tenido tres titulares diferentes desde que se puso en marcha la ley en 2007. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana sostiene que esta sucesión de consejeros perjudica a los dependientes, ya que cuando empiezan a hacerse una composición del asunto tienen que dejar el cargo.

La ex consejera de Turismo Angélica Such asume ahora el reto con la paciencia de las asociaciones de dependientes y de familiares bajo mínimos. "Difícilmente podrá contar con 100 días de confianza, es mucho tiempo y hay muchas cuestiones pendientes", previene la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana.

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