'Caso Marta': un crimen, dos juicios

Un calvario de siete meses condensado en una mañana. El próximo miércoles Antonio del Castillo, padre de Marta, se enfrentará al asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, y a sus tres cómplices, en una comparecencia ordenada por el juez instructor del caso. El tenso encuentro será el acto que resuma la noche del crimen, la investigación policial ulterior y la acusación contra estos cuatro implicados adultos. Además, sus respectivas defensas, la acusación particular y el fiscal podrán solicitar nuevas pruebas como colofón de una instrucción muy compleja, plagada de mentiras y con el cuerpo del delito aún oculto.

La comparecencia, ordenada por el juez en su último auto, es consecuencia de que un jurado popular vaya a juzgar la desaparición de Marta. Esta decisión ha despejado incógnitas sobre el proceso, pero sobre todo ha puesto de relieve que el caso mantiene dos caminos paralelos cuyos finales pueden ser muy divergentes. Mientras que un juez de menores decidirá sobre el adolescente Javier G. El Cuco, acusado de asesinar y violar a Marta junto a Carcaño, un jurado popular resolverá la implicación de Carcaño, su hermano Javier Delgado, Samuel Benítez y María García. Así lo exige la Ley del Menor, a pesar de las sonoras discrepancias.

"Es una barbaridad procesal. Puede dar lugar a resoluciones contradictorias"

"Es una barbaridad procesal. Puede dar lugar a resoluciones contradictorias. Lo lógico sería que todo fuera en un mismo juicio, sin perjuicio de que la condena fuera distinta", lamentan fuentes del caso. Lo cierto es que la Ley del Menor obliga a duplicar el juicio. Ocurre a diario en hurtos y delitos menores donde hay adolescentes involucrados. El caso Marta multiplica como un altavoz esta circunstancia que con frecuencia muchos juristas critican.

Sin embargo, la trascendencia y contraste que supone emitir dos sentencias sobre un mismo crimen, puede verse agravada por un jurado popular que juzgue a los adultos, en paralelo al juez de menores. La sentencia del Tribunal Supremo que el pasado junio ordenó repetir con un jurado popular el juicio por asesinato y violación de dos policías en Barcelona, sentó un precedente y dejó al juez instructor, Francisco Molina de Asís, con pocas opciones.

"Son personas con profesiones dispares que durante siete horas escuchan testimonios y deciden sobre la culpabilidad de los acusados, pero que también tienen que considerar acreditados unos hechos", ejemplifica un letrado. Mientras, el juez de menores ha tenido siete meses para profundizar en una instrucción compleja donde los testimonios y las contradicciones son vitales ante la falta de múltiples pruebas, entre ellas el cuerpo del delito. "Hay pruebas objetivas de ADN, pero no hay cadáver ni un testigo directo del crimen. Y eso complica el proceso probatorio", aclara una fuente.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, José Miguel Zugaldía, recuerda la particularidad de juzgar a los menores por separado con un mismo delito. "Es la consecuencia lógica de dos jurisdicciones distintas. El único problema que puede plantearse es el de hechos probados, no en las consecuencias jurídicas, que siempre serían distintas para unos y para otros".

Los dos principales imputados, Carcaño y El Cuco están acusados de asesinato y violación. Mientras que Carcaño, de 20 años, cumpliría en caso de ser condenado una alta pena que podría superar los 25 años de cárcel, El Cuco, de 15 años, no superará los cinco años de internamiento cerrado y otros tres de libertad vigilada. Los cinco acusados acudirán como imputados y testigos a diferentes procesos. Sus testimonios serán clave para arrojar luz en un caso aún muy oscuro.