Subidas de impuestos

La brutal caída de la recaudación tributaria y las medidas expansivas aplicadas por el lado del gasto amenazan con conducir al déficit público hasta territorios desconocidos. Para resolver la situación sólo existen dos vías: reducir el gasto e incrementar la recaudación fiscal. A mi juicio, la dimensión del desfase obliga a combinar ambas.

En cuanto al gasto, la congelación salarial para 2010 parece razonable. Con una inflación en tasas negativas en 2009 y por debajo del 1% en 2010, la congelación sería mucho más fácil de encajar para los empleados públicos que la que de finales de los años 90. No es la panacea, pero ayudaría.

Otros recortes en gasto corriente y de capital son posibles, pero no deberían generarse falsas expectativas al respecto: existen muchas partidas de gasto público comprometidas (salarios, intereses de la deuda, pensiones y seguros por desempleo...), no existe tanta grasa en el sector público como a veces se defiende desde posiciones críticas con el Estado del bienestar, y si los recortes se aplican sin precisión quirúrgica, la calidad de los servicios se puede resentir seriamente. Sin duda, es un momento para grandes gestores públicos y hábiles políticos. Aun así, en el caso de gobiernos comprometidos con la equidad y los servicios públicos, el incremento en la recaudación impositiva debe ser la pata principal del ajuste. Es tiempo de revisar decisiones tomadas en el pasado, contemplando el sistema fiscal en su conjunto.

Sería bueno que el empeño en luchar contra otras lacras se extendiera al ámbito tributario

En cuanto a lo primero, se debería anular la deducción de los 400 euros en el IRPF y reformular la tributación de la riqueza y las rentas del capital. La caída de los precios y del coste de los créditos puede ser una buena justificación para la supresión de la deducción. Una medida que devolvería a las arcas públicas no menos de 4.000 millones de euros. En cuanto a los impuestos de sucesiones, patrimonio y la tributación de las rentas de capital en el IRPF y de las SICAV, la realidad es que España ha sido de los países del mundo que más ventajas ha ido dando a los propietarios del capital en la última década. Si a eso le sumamos un fraude fiscal que prácticamente duplica la media de la zona euro y que rebaja, sobre todo, el esfuerzo tributario de empresarios, autónomos y profesionales, no tiene mucho sentido abogar por un incremento en los tipos marginales máximos de un IRPF que afecta, sobre todo, a asalariados que ya están pagando hasta un 43% de sus ingresos. Además, en perspectiva internacional, el tipo máximo del IRPF en España ya es medio-alto y se llega más rápido que en muchos otros países.

En definitiva, sería razonable incrementar el tipo impositivo sobre las rentas de capital en el IRPF desde el actual 18%. ¿Por qué no elevarlo al tipo mínimo al que tributan los asalariados (24%)? También se debería buscar alguna forma de garantizar la supervivencia del impuesto sobre sucesiones. Además, debería repensarse la decisión de desactivar el impuesto sobre el patrimonio y replantearse el muy beneficioso tratamiento fiscal que se les otorga a las sociedades gestoras de los patrimonios de los más ricos.

De forma paralela a estas actuaciones, es urgente darle al problema del fraude fiscal la importancia que tiene. Sería bueno que el empeño político que se pone en luchar contra otras lacras como la violencia doméstica o los accidentes de tráfico se extendiera al ámbito tributario. No sólo nos daría más recursos sin necesidad de subir impuestos. También se reducirían los sentimientos de agravio comparativo y aumentaría la predisposición al pago de todos los ciudadanos.

Finalmente, es un buen momento para subir el IVA. Tenemos unos tipos muy reducidos en el conjunto de la UE y la coyuntura de precios aleja los temores inflacionistas. Por su parte, es una buena noticia que el gobierno recupere el proyecto de reforma fiscal verde que se diluyó tras la marcha de Fernández Ordóñez del ministerio de economía.

Por cierto, tanto en lo que se refiere a la imposición patrimonial como en la tributación verde y sobre los recursos naturales el bipartito gallego trabajó, contra corriente y en la medida de sus posibilidades, en las líneas señaladas. Todo hay que decirlo.