Prueba de fuego

La gran diferencia entre las comunidades autónomas del 151 y las del 143 CE radicaba en que las primeras tenían competencia en materia de educación y en sanidad en tanto que las segundas no las tenían. Educación y sanidad representan el 80% del ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Basta comparar los presupuestos de las comunidades del 151 con las del 143 CE antes de que se aplicaran los Pactos Autonómicos de 1992, en los que se acordó la equiparación competencial de todas las comunidades independientemente de su vía de acceso a la autonomía, para comprobar la enorme distancia que había entre unas y otras. Si a través de los Pactos Autonómicos de 1981 se garantizó el ejercicio del derecho a la autonomía en condiciones de igualdad desde la perspectiva de la arquitectura institucional de las comunidades autónomas (Parlamento, Gobierno elegido por el Parlamento y responsable ante él y Tribunal Superior de Justicia), a través de los Pactos de 1992 se garantizó el ejercicio en condiciones de igualdad desde el punto de vista competencial. Eso, básicamente, suponía la transferencia de la educación y de la sanidad.

A estas alturas del guión el traspaso de los servicios educativos y sanitarios ya se ha producido en su integridad y son las comunidades autónomas las responsables de la toma de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos en este terreno. Nada indica hasta el momento que la prestación del servicio se haya resentido como consecuencia de la territorialización de los mismos. Más bien se podría decir lo contrario. Da la impresión de que se ha producido una situación de sana competencia entre las distintas comunidades autónomas que está conduciendo a que periódicamente nos veamos sorprendidos por noticias de avances, en algunos casos espectaculares, de los que son protagonistas hospitales catalanes, valencianos, cántabros, madrileños y, por supuesto, andaluces. Y lo mismo cabe decir de la educación.

Es verdad que hasta ahora no ha habido que hacer frente a ninguna situación de emergencia y que, en consecuencia, la territorialización de la prestación de los servicios educativos y sanitarios no ha pasado la prueba de la gestión de una crisis. Es posible, aunque no seguro, que en este próximo otoño-invierno sí nos tengamos que enfrentar a una situación de emergencia como consecuencia de la epidemia de gripe que tiene su origen en el virus H1N1. La importancia de las competencias educativas y sanitarias en la gestión de esta posible situación de emergencia salta a la vista. Las autoridades de las comunidades autónomas van a tener que tomar decisiones tanto en un terreno como en otro. Inicio del curso, cierre o no de centros escolares, vacunación o no de la población escolar y muchas otras.

La territorialización del poder en España va a tener que hacer frente a un problema que preocupa de manera comprensible a los ciudadanos y va a tener que demostrar que, en lo que al ejercicio de los derechos educativos y sanitarios por los ciudadanos se refiere, hay un sistema educativo y sanitario único aunque existan 17 centros de decisión autónomos. Va a ser una suerte de prueba de fuego para nuestro Estado autonómico, del que puede salir más o menos prestigiado. Por lo sucedido en estos últimos meses, parece que no hay motivos de preocupación. La coordinación entre los ministerios de Sanidad y Educación y de las consejerías homónimas y su conexión con las demás instituciones, ayuntamientos, asociaciones de padres, etcétera, está funcionando de manera satisfactoria. Estoy convencido de que el Estado autonómico va a demostrar que no sólo es más legítimo, sino también más eficaz.